Francos confirmó que la decisión es clara: se vetará cualquier ley que implique un aumento del gasto público y que, a criterio del Gobierno, ponga en riesgo el superávit fiscal. La derrota legislativa incluyó el rechazo a seis Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la aprobación de iniciativas como el aumento de fondos para universidades nacionales y el Hospital Garrahan.
El oficialismo, a través de diputados como Santiago Santurio y Damián Arabia, acusó a la oposición de actuar con una lógica electoral y de querer “psicopatear” al Gobierno. Francos, por su parte, señaló que los opositores votaron “con el kirchnerismo” y que estas iniciativas buscan “más recursos” para romper el equilibrio fiscal. De esta forma, el Gobierno reafirma su postura intransigente y su voluntad de usar el veto como su principal arma.
El escenario político actual, marcado por la inminencia de las elecciones, expone una profunda confrontación de poderes. ¿Es el veto una herramienta constitucional para defender una política económica o un recurso de emergencia ante la falta de consenso? La constante tensión entre el Ejecutivo y el Congreso podría paralizar el Estado y alejar a la clase política de los verdaderos problemas de la sociedad. La pregunta que queda es si existe un punto de encuentro o si estamos condenados a un ciclo de vetos y contra-vetos.