La frágil alianza entre el Gobierno y los gobernadores dialoguistas se pone a prueba en el Congreso. Mientras impulsan dos leyes clave para sus provincias, el presidente Javier Milei amenaza con vetarlas, dejando a sus aliados en una encrucijada política.
El ajedrez político en el Congreso ha puesto de manifiesto la delicada posición de los gobernadores considerados “dialoguistas”. Habiendo sellado un pacto electoral con La Libertad Avanza, figuras como Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero se encuentran en un pulso con la Casa Rosada por dos proyectos de ley de alto voltaje.
Estos gobernadores, que impulsan la coparticipación del fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto del impuesto a los combustibles líquidos, ven cómo sus iniciativas chocan de frente con la postura intransigente del presidente Javier Milei, quien ya ha deslizado la amenaza de vetar las leyes si estas llegan a ser aprobadas.
Ambos proyectos ya cuentan con media sanción del Senado y su llegada a la Cámara de Diputados enciende las alarmas en el oficialismo. La oposición, lejos de ser un bloque pasivo, buscará apurar el debate y la aprobación para exponer la debilidad del Gobierno y forzar una definición de los gobernadores.
En este escenario, los mandatarios provinciales se encuentran en una encrucijada: deben elegir entre defender los intereses económicos de sus provincias, que se verían beneficiadas por estas normativas, o mantener su lealtad al presidente con el que han formado una alianza electoral.
Desde la Casa Rosada, el silencio y la falta de una contrapropuesta clara han tensado aún más la situación. Sin un “gesto” del Gobierno que abra la puerta a una negociación, los gobernadores se verán obligados a votar en contra de sus propios intereses o a romper el frágil pacto que los une a Milei.
El Gobierno, por su parte, podría intentar una jugada para dividir a los gobernadores, ofreciendo una mayor porción del fondo de los ATN a cambio de no ceder el control sobre el impuesto a los combustibles. Una estrategia que, si no es satisfactoria, podría conducir a una derrota en el recinto.
Más que un debate técnico sobre fondos, este conflicto expone la fragilidad de un gobierno que, sin mayoría en el Congreso, depende de alianzas volátiles. Su gestión, que hasta ahora ha evitado la negociación, el diálogo y la construcción de consensos, se ve obligada a operar en este nuevo campo de batalla legislativo.
La pregunta que flota en el aire es si el presidente, con su estilo de confrontación, logrará sortear esta tormenta política o si, por el contrario, su intransigencia terminará dinamitando los puentes que aún le quedan con sus aliados.
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