La investigación por la presunta criptoestafa $Libra cobra un nuevo giro. La Justicia argentina detectó que Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del presidente Javier Milei, habrían movido fondos en sus cuentas a pesar de la prohibición judicial. Esta revelación surge mientras la causa avanza en Estados Unidos y el Congreso argentino destraba una comisión investigadora.
En mayo, la jueza María Servini había ordenado el “no innovar” por 90 días, lo que implicaba el congelamiento de bienes y activos financieros de Novelli y Terrones Godoy. Sin embargo, el ingeniero informático Fernando Molina denunció públicamente que se habrían detectado movimientos recientes en sus cuentas de la red Ethereum. “Estuvieron moviendo dinero hasta hace 30 días… es realmente un escándalo”, afirmó Molina, quien también señaló la existencia de movimientos en otras redes no investigadas aún.
De confirmarse esta información, la Fiscalía y las querellas podrían solicitar la prisión preventiva de los imputados, ya que estas acciones podrían entorpecer la investigación. Novelli ya cuenta con el antecedente de haber vaciado su caja de seguridad poco después de que el propio presidente Milei promocionara la criptomoneda.
La relación de Novelli con los hermanos Milei no es nueva. Se le señala como nexo clave entre el presidente y los artífices del esquema de lanzamiento de $Libra, Hayden Davis y Julián Peh. Además, acumula denuncias públicas por cobrar entrevistas con el jefe de Estado, lo que añade más controversia a su figura.
Una de las víctimas de la presunta estafa, Martín Romeo, quien se ha presentado como querellante, se mostró optimista con el avance de la causa, tanto en Argentina como en el exterior. Advirtió que la Justicia argentina debe actuar con celeridad para no quedar en evidencia, ya que la investigación en Estados Unidos, según él, avanza sin pausas. Romeo anticipó que la etapa de recolección de pruebas está cerca de finalizar y que ya se evalúan los próximos pasos, incluyendo posibles detenciones. La causa $Libra sigue sumando capítulos, y las implicaciones políticas y judiciales podrían ser cada vez mayores.