El dueño del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, admitió que la contaminación del fentanilo con bacterias ocurrió en su planta, sumándose a las 97 muertes registradas por la crisis. La confesión expone un inquietante panorama de negligencia de la ANMAT y una red de conexiones políticas que siembran más dudas que certezas.
La tragedia del fentanilo contaminado ha dejado un rastro de 97 muertes en las provincias de Santa Fe, Formosa, Córdoba, y en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, sacudiendo los cimientos del sistema de salud y de control estatal. Lo que comenzó como un brote de enfermedades respiratorias en un hospital de La Plata, escaló a una crisis nacional al confirmarse que las ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes estaban contaminadas. La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, se centró en el laboratorio HLB Pharma y las irregularidades que habrían permitido esta catástrofe.
El caso tomó un giro determinante cuando el propietario de la firma, Ariel García Furfaro, admitió en un reportaje que la contaminación se produjo en su planta. Esta declaración no solo corrobora las sospechas, sino que también pone en el punto de mira las fallas institucionales que permitieron que esta situación se desarrollara.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a pesar de haber detectado “deficiencias significativas” en el laboratorio desde noviembre de 2024, no inhibió su actividad productiva hasta febrero de 2025. Este período crítico, en el que los lotes de fentanilo letal ya estaban en circulación, revela una negligencia que es el corazón del problema. La falta de acción temprana del organismo de control, a pesar de las advertencias internas, es uno de los ejes de la investigación.
En su declaración, García Furfaro intentó deslindar su responsabilidad al culpar a un exsocio y exapoderado de la firma, Andrés Quinteros, a quien acusó de haber orquestado un sabotaje para perjudicar al peronismo. La defensa del empresario, marcada por un tono nervioso y errático, se contradice con la evidencia de las falencias generales encontradas por la ANMAT en sus instalaciones.
Sus comentarios se extendieron a la defensa de figuras controvertidas y su admiración por la expresidenta Cristina Kirchner y otros políticos, sugiriendo una intrincada red de relaciones de poder que ahora está bajo escrutinio público.
La investigación judicial, por su parte, se enfrenta a un desafío complejo. El juzgado de Kreplak imputó a 24 personas y confirmó que el fentanilo se contaminó con “bacterias multirresistentes”. El magistrado también expuso la falta de trazabilidad de los medicamentos y la insuficiencia de las leyes actuales para prevenir estas catástrofes. La causa, que ha generado la recusación del juez por parte del Gobierno, subraya el delicado equilibrio entre la justicia, la política y la salud pública en este caso.
La confesión del dueño del laboratorio y la evidencia de la negligencia en los controles estatales han desnudado las profundas fallas de un sistema que, lejos de proteger, permitió que una tragedia como esta se gestara. ¿Es posible que una empresa con deficiencias documentadas siguiera operando mientras una droga letal circulaba en hospitales? ¿Fueron las acusaciones de sabotaje un intento desesperado de evadir responsabilidades, o hay un entramado de poder aún más oscuro por revelar?
El caso del fentanilo no es solo una crisis de salud, sino un llamado urgente a la reflexión sobre la ética, la política y la regulación en un país que, una vez más, enfrenta las consecuencias de sus propias deficiencias. La sociedad espera que la justicia no solo encuentre a los criminales, sino que también señale a los responsables de un sistema que falló catastróficamente.
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