El misterio detrás de las muertes en Rosario, supuestamente causadas por fentanilo contaminado, ha tomado un giro dramático. Las muertes se produjeron tres meses antes de la primera alerta oficial del gobierno nacional, lo que plantea un interrogante sobre la capacidad de respuesta del Estado ante una crisis sanitaria. En este contexto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se presentó en un juzgado federal para solicitar ser querellante en la causa, señalando que los efectos adversos del opiáceo ya se habían detectado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en febrero.
La investigación expuso una grave falla en el sistema de control. Se sabe que una nota interna de ANMAT del 10 de febrero ya había reportado sospechas de incumplimiento en las Buenas Prácticas de Fabricación en Laboratorios Ramallo. A pesar de esto, el gobierno emitió su primera alerta oficial recién el 8 de mayo y la publicó el 13 de mayo. La inspección a este laboratorio, que se realizó entre noviembre y diciembre de 2024, encontró deficiencias críticas y mayores que comprometían la calidad, seguridad y eficacia de sus productos, por lo que se le prohibió continuar con su actividad productiva. A pesar de esto, se había recibido un lote de 300 ampollas de fentanilo inyectable de la marca HLB en el Hospital de Rosario en febrero.
En este contexto de inacción y negligencia, un grupo de familiares de las víctimas, que se autodenominaron Fentanilo Rosario, se reunió con el intendente. Según su abogada, los estudios preliminares demuestran una gran precariedad en la fabricación del fentanilo, con lotes liberados al mercado sin el tiempo suficiente para estudios de proliferación bacteriana. Con la cifra de víctimas en Rosario ascendiendo a 30, el caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y la impunidad de las empresas que ponen en riesgo la vida de las personas.