Argentina obtuvo un fallo favorable en Irlanda, que rechazó ejecutar la sentencia del caso YPF. Esta decisión, que niega el pedido de los demandantes de cobrar $16 mil millones, es un precedente positivo para el país, que continúa su defensa en distintas jurisdicciones.
Una determinación legal favorable para Argentina ha marcado el inicio de la semana en el complejo pleito relacionado con la nacionalización de la empresa energética YPF. La judicatura de Irlanda ha respaldado la posición del país sudamericano, desestimando la solicitud de hacer cumplir la condena multimillonaria vinculada al caso en su territorio, una petición formulada por los demandantes. Este veredicto, que se suma a la serie de procesos judiciales derivados de la expropiación de la compañía de hidrocarburos, representa un alivio momentáneo para las arcas nacionales en una batalla legal que sigue desarrollándose en múltiples frentes internacionales.
La Oficina del Procurador del Tesoro de la Nación (PTN) informó que la entidad litigante buscaba la validación y aplicación en Irlanda de la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la cual impuso a la República Argentina una obligación de pago de más de $16 mil millones, más intereses. Este dictamen, que ha sido objeto de intensa controversia, aún se encuentra en fase de impugnación. Según la PTN, los demandantes han iniciado acciones similares en diversos fueros legales extranjeros. Por esta razón, la resolución irlandesa constituye la primera determinación en el marco de estos intentos de aplicación internacional, y se interpreta como un antecedente auspicioso para la República Argentina, al sentar un posible precedente positivo para futuros desafíos en otras latitudes.
La semana anterior, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había permitido a Argentina esperar hasta la próxima fase de impugnación, prevista para septiembre, sin la necesidad de depositar garantías. Esta instancia analizará la solicitud de Burford Capital, el principal demandante en este extenso juicio, de hacerse con participaciones de la compañía. La magistrada de primera instancia, Loretta Preska, quien emitió el veredicto inicial contra la nación, había ordenado la entrega de dichas participaciones, una medida que ahora será revisada por la Corte en septiembre. Posteriormente, en octubre, después de las elecciones legislativas, se abordará la revisión sustantiva de la sentencia, es decir, si el veredicto multimillonario de Preska es correcto o no en su totalidad.
Argentina ha manifestado su intención de recurrir al máximo tribunal estadounidense, la Corte Suprema de Justicia, ante cualquier resolución desfavorable que se produzca en este caso. Desde la Oficina del Procurador del Tesoro, se enfatizó que “este Gobierno, bajo la conducción del presidente Javier Milei, proseguirá salvaguardando con determinación los intereses soberanos”. Añadieron que “este dictamen corrobora la solidez de la defensa legal presentada y nuestra dedicación a la protección de los activos estratégicos de la nación”.
La táctica del estudio jurídico británico Burford, según sus voceros, implica intentar hacer cumplir la condena en diversos territorios judiciales, incluyendo Inglaterra, Francia, Luxemburgo, Australia, Canadá y Chipre, además de Irlanda. El objetivo de esta estrategia es ejercer presión sobre Argentina y aumentar las posibilidades de cobro. De hecho, en julio, Burford presentó ante el tribunal de Preska en EE. UU. un documento titulado “Cronología de los retrasos de la República en los trámites de reconocimiento en el extranjero”, detallando sus percepciones sobre cómo el país sudamericano extiende los plazos de las presentaciones.
El dictamen del Tribunal Superior Comercial de Irlanda, rubricado por la jueza Eileen Roberts, abarca 77 páginas y tuvo su origen en una acción legal iniciada por dos de los demandantes, Petersen y Eton Park, en abril del año pasado.
Roberts basó su resolución en la ausencia de activos embargables de la República Argentina o de YPF en territorio irlandés, a excepción de propiedades con inmunidad diplomática y consular que, por su naturaleza, están protegidas de cualquier acción judicial. Además, la magistrada subrayó la falta de evidencia que indique que el Estado argentino poseerá bienes en Irlanda en el corto o mediano plazo. Por lo tanto, permitir la aplicación de la sentencia solo implicaría un desperdicio de recursos legales sin impacto práctico para las partes. “Este procedimiento carece de vinculación alguna con el territorio irlandés. Además, no estoy convencida de que permitir la aplicación de la sentencia de Nueva York en esta jurisdicción suponga un beneficio práctico para los demandantes”, sostuvo la magistrada irlandesa.
La resolución analizó en detalle los precedentes legales locales sobre el reconocimiento de condenas extranjeras y concluyó que, si bien no se exige la posesión presente de bienes, sí debe existir una posibilidad concreta de un resultado útil. En este caso, la ausencia de bienes y la redundancia de procesos en otras jurisdicciones llevaron al tribunal a descartar cualquier utilidad específica de la acción en Irlanda. La jueza también valoró que los demandantes ya disponen de mecanismos de investigación y ejecución en Estados Unidos y otros países, por lo que replicar esos procesos en Irlanda resultaría innecesario. El dictamen irlandés evitó pronunciarse sobre cuestiones de fondo, como la prerrogativa estatal argentina o el principio de no injerencia en actos soberanos, señalando que estos temas podrían ser debatidos en un eventual juicio de fondo, pero no eran determinantes en esta instancia procesal.
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