Los incidentes protagonizados por la parcialidad de Universidad de Chile durante el partido contra Independiente empañaron la Copa Sudamericana. El salvajismo expuso el fracaso de los operativos de seguridad y la fragilidad del espectáculo deportivo.
La noche del 20 de agosto se convirtió en un reflejo de las deficiencias del fútbol sudamericano. En el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, un partido de octavos de final por la Copa Sudamericana se detuvo por la violencia desmedida de los hinchas de la U. de Chile. Desde la tribuna, la facción visitante no solo arrojó proyectiles y bombas de estruendo, sino que también arrancó butacas, causó destrozos en los sanitarios e incluso prendió fuego.
El ataque, dirigido hacia los aficionados de Independiente en las bandejas inferiores, obligó a las autoridades a tomar la drástica decisión de desalojar la grada, interrumpiendo un encuentro que se jugaba con aparente normalidad.
El caos escaló de forma alarmante. Si bien el aviso por altoparlantes y la presencia policial buscaban aplacar la situación, la respuesta de la seguridad fue tardía e inefectiva. El operativo, que según informes oficiales contaba con más de 650 efectivos, demostró ser incapaz de contener a los agresores.
Los jugadores se retiraron del campo y el partido se suspendió durante veinte minutos, un tiempo que sirvió de cacería cuando un grupo de la barra disidente de Independiente ingresó a la tribuna visitante para “buscar” a los agresores, agravando la brutalidad del conflicto.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. La U. de Chile había recibido un apercibimiento previo de la CONMEBOL, una señal de alerta que fue ignorada por la organización. El suceso revela una triste constante en los torneos continentales: la violencia de las barras bravas sigue siendo un problema que supera la planificación, dejando a los clubes y a los aficionados genuinos a merced de la barbarie. Este episodio, más allá de los resultados deportivos, plantea un dilema para todo el continente.
Javier Milei anticipó una “reorganización forzosa” del Gabinete tras las elecciones, incluyendo un posible cargo para Santiago Caputo. El Presidente busca una “nueva mayoría” con Macri para aprobar las reformas laboral y tributaria, y advirtió que el kirchnerismo es una minoría ruidosa.
El Gobierno logró un superávit primario de casi $700.000 millones en septiembre, alcanzando un 1,3% del PBI anual. El resultado, inferior al de 2024, se logró congelando el gasto. Luis Caputo ratificó el equilibrio fiscal como pilar económico.
Las reservas del BCRA cayeron por tercera jornada consecutiva, con un retroceso semanal de u$s550 millones. En simultáneo, el dólar mayorista subió $22 a $1.402, y la tasa TAMAR se disparó al 66% nominal anual.
El Gobierno y el sector privado acuerdan en la urgencia de una reforma impositiva que elimine impuestos distorsivos y facilite la inversión. Paralelamente, se anuncia una reforma laboral con mayor flexibilidad para dinamizar el empleo formal tras años de rigidez.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró ante inversores internacionales que las elecciones legislativas del 26 de octubre no modificarán las políticas económicas vigentes. Destacó la importancia del respaldo estadounidense y la necesidad de acuerdos políticos para avanzar con reformas estructurales.
Miles de manifestantes salieron a las calles de Lima este miércoles para expresar su rechazo al gobierno interino de José Jerí y al Congreso peruano. La jornada terminó con un saldo de un manifestante muerto y más de cien personas heridas, entre ellos policías y civiles.
El ex entrenador de River habría estado como socio de una empresa que generó fideicomisos y no respondió a sus clientes.
El presidente Javier Milei informó que la pobreza bajó del 57% al 30% en 20 meses y proyectó crecimiento económico de hasta 10%. Además, adelantó cambios en la legislación laboral para formalizar trabajadores e incentivar la inversión.
