El Senado argentino vuelve a estar en el centro de la polémica. A partir de noviembre, los sueldos de los senadores volverán a subir y superarán los $10,2 millones en bruto, una cifra que contrasta de forma brutal con los $390.277 que recibirá la jubilación mínima con bono en septiembre. Este aumento, atado a la nueva actualización paritaria de los empleados del Congreso, reaviva el debate sobre el salario de los legisladores y la desconexión entre la clase política y la sociedad.
Según el informe, el aumento del sueldo de los senadores se remonta a un nuevo sistema de salarios establecido en abril de 2024, que los basó en un total de 4.000 módulos. La última paritaria de los empleados del Congreso acordó un incremento acumulado del 7.52% para los meses de junio a noviembre, lo que elevará el valor del módulo y, por lo tanto, el sueldo de los senadores.
El aumento se produce en un contexto de un debate que se ha extendido por meses. En el segundo semestre de 2024, los legisladores congelaron sus haberes, y la vicepresidenta Victoria Villarruel extendió el “congelamiento” hasta marzo de 2025. Sin embargo, en junio, Villarruel firmó una resolución que desvinculó su figura de la polémica y transfirió la decisión de aceptar o no los aumentos a cada senador.
El debate se ha centrado en la legitimidad del sueldo de los legisladores en un momento de crisis económica. El informe revela que 37 senadores, en su mayoría del kirchnerismo, no rechazaron el aumento, mientras que 35 sí lo hicieron, incluyendo a La Libertad Avanza, el Pro y la UCR. El único caso particular es el de Alicia Kirchner, quien decidió mantener su jubilación en lugar del sueldo como senadora, en un gesto que subraya la desconexión entre la clase política y la sociedad.
Según el informe, el aumento del sueldo de los senadores se remonta a un nuevo sistema de salarios establecido en abril de 2024, que los basó en un total de 4.000 módulos. La última paritaria de los empleados del Congreso acordó un incremento acumulado del 7.52% para los meses de junio a noviembre, lo que elevará el valor del módulo y, por lo tanto, el sueldo de los senadores.
El aumento se produce en un contexto de un debate que se ha extendido por meses. En el segundo semestre de 2024, los legisladores congelaron sus haberes, y la vicepresidenta Victoria Villarruel extendió el “congelamiento” hasta marzo de 2025. Sin embargo, en junio, Villarruel firmó una resolución que desvinculó su figura de la polémica y transfirió la decisión de aceptar o no los aumentos a cada senador.
El debate se ha centrado en la legitimidad del sueldo de los legisladores en un momento de crisis económica. Este aumento no hace más que acrecentar la brecha entre los ingresos de los representantes y los de los jubilados, un sector de la sociedad que lucha por subsistir. La situación, que se ha vuelto recurrente, plantea una pregunta: ¿es legítimo un aumento de esta magnitud en un contexto de crisis económica? La desconexión entre la clase política y la sociedad parece profundizarse con cada nuevo aumento, en un escenario de ajuste y recortes que afecta a la mayoría