El Jefe de Gabinete de Ministros atribuye las denuncias por presuntas coimas a funcionarios libertarios al contexto preelectoral y a intentos políticos por debilitar al Gobierno. Defiende a Karina Milei y pide que la justicia investigue .
El Jefe de Gabinete de Ministros atribuye las denuncias por presuntas coimas a funcionarios libertarios al contexto preelectoral y a intentos políticos por debilitar al Gobierno. Defiende a Karina Milei y pide que la justicia investigue .
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el escándalo por presuntas coimas a funcionarios libertarios, incluyendo a Diego Spagnuolo, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, está vinculado al período preelectoral y a la búsqueda de sacar rédito político contra un gobierno que mantiene apoyo popular. En declaraciones radiales, Francos destacó que el Gobierno está “internamente tranquilo” frente a las acusaciones y consideró que las filtraciones aparecieron en un momento estratégico, mientras se debate en la Cámara de Diputados la ley de emergencia en discapacidad, proyecto al que el Gobierno se había opuesto.
Francos sugirió que estas circunstancias no son casuales: “No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, remarcando la necesidad de que el proceso se aclare mediante la actuación de la justicia. El jefe de Gabinete subrayó que no teme a la justicia y que, si hubiera pruebas de culpabilidad, los responsables deberían ser procesados y sentenciados.
Además, defendió a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalando que está siendo víctima de ataques “salvajes e injustos”. Francos indicó que el Gobierno prefiere no intervenir directamente y dejar que la justicia investigue las denuncias, a la vez que confirmó la salida del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como una decisión presidencial relacionada con el escándalo.
La polémica estalló a partir de audios filtrados, atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos cobros de coimas a laboratorios por parte de funcionarios del gobierno libertario. Aunque las grabaciones aún no han sido verificadas oficialmente, generaron una fuerte reacción política y mediática que puso en jaque a varios integrantes del gabinete. La oposición exige explicaciones y pide una investigación exhaustiva.
Esta situación llega en un momento de fuerte debate legislativo y político, lo que incrementa la tensión en la administración de Javier Milei. Mientras tanto, el Gobierno aguarda el desarrollo de la investigación judicial liderada por el juez Sebastián Casanello, con la intención de desacreditar las acusaciones si no se corroboran los hechos.
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