Eduardo “Lule” Menem negó estar implicado en el escándalo de la ANDIS, calificándolo de una “burda operación del kirchnerismo”. Aseguró que los audios que lo vinculan son falsos y que nunca participó en contratos. El caso avanza en la Justicia, donde un sospechoso fue citado a indagatoria.
Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, salió públicamente a rechazar su implicación en el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), calificando el caso como una “burda operación política del kirchnerismo”. En un comunicado emitido a través de su cuenta de X, Menem negó rotundamente tener cualquier tipo de conexión con los hechos y cuestionó la veracidad de los audios que desataron la polémica.
El funcionario sostuvo que se vio forzado a manifestarse ante lo que considera un intento por manchar la imagen del Gobierno. Su mensaje fue replicado en la misma red social por figuras clave del oficialismo, incluyendo al presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El caso se originó a partir de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, un exfuncionario de la ANDIS, en los que se detallan presuntas irregularidades y pedidos de sobornos a empresas, en especial a la droguería Suizo Argentina S.A. Según estas grabaciones, la empresa actuaba como intermediaria en las licitaciones de medicamentos.
En su descargo, Menem afirmó que no puede confirmar la autenticidad de las grabaciones, pero sí aseguró que su contenido es totalmente falso. Afirmó categóricamente que nunca tuvo participación, formal o informal, en los procesos de contratación de la ANDIS y que jamás le comentaron sobre ninguna irregularidad en ese organismo. Además, negó haber discutido estos temas con Karina Milei o con el Presidente.
Menem sugirió que la aparición de estas denuncias no es casualidad, vinculándolas directamente a la proximidad de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El funcionario concluyó su declaración reafirmando el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.
Mientras el funcionario se defendía públicamente, la investigación judicial avanzaba. El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del barrio cerrado Nordelta, bajo sospecha de encubrimiento. Se lo acusa de haber ayudado a huir a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina, quien permanece prófugo de la justicia.
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