Kilmar Ábrego García, salvadoreño liberado tras meses detenido por error en EE.UU., fue arrestado de nuevo y enfrenta deportación a Uganda, denuncia su abogado que se trata de una retaliación por impugnar su expulsión ilegal a El Salvador.
Kilmar Ábrego García, salvadoreño liberado tras meses detenido por error en EE.UU., fue arrestado de nuevo y enfrenta deportación a Uganda, denuncia su abogado que se trata de una retaliación por impugnar su expulsión ilegal a El Salvador.

Kilmar Ábrego García, residente de Maryland, ha sido un caso emblemático de las polémicas políticas migratorias del expresidente Donald Trump. En marzo de 2025 fue deportado erróneamente a El Salvador a pesar de una orden judicial que lo protegía desde 2019. Tras una lucha legal, fue repatriado a Estados Unidos en junio, donde permaneció detenido hasta su liberación en Tennessee en agosto.
Sin embargo, según informó CNN, tan solo días después de ser liberado, Ábrego García fue detenido nuevamente por el Servicio de Inmigración (ICE) en Baltimore al presentarse a una cita administrativa. El Departamento de Seguridad Nacional informó que será procesado para su deportación a Uganda, país con un acuerdo migratorio con EE.UU. para recibir a migrantes sin estatus legal, una acción que ha generado críticas por considerarse una represalia.
Los abogados de Ábrego denunciaron que el arresto fue arbitrario, dado que solo acudió para una entrevista formal y que el verdadero motivo fue castigarlo por impugnar su deportación inicial. Un representante del ICE le comunicó minutos después de su liberación previa que el gobierno planeaba trasladarlo a Uganda, a pesar del riesgo que eso representa para él.
Ábrego niega pertenecer a pandillas criminales o tráfico de personas, cargos que la administración Trump ha utilizado para justificar su detención y deportación. Mientras tanto, sus defensores y activistas han convocado manifestaciones de apoyo, destacando el caso como un símbolo de las injusticias de la política migratoria estadounidense.
El juicio contra Ábrego está previsto para enero de 2026, mientras que su situación legal sigue generando debates sobre derechos humanos y procedimientos migratorios en EE.UU.
En agosto fue liberado tras la orden de un juez, y pudo reencontrarse con su familia después de meses de prisión y separación. Sin embargo, su libertad es provisional, ya que el gobierno estadounidense anunció que podría ser deportado a Uganda en un plazo de 72 horas, como parte de un acuerdo migratorio que permite a Estados Unidos enviar a ciertos migrantes a terceros países.
Los abogados de Ábrego denuncian que el Gobierno intenta presionarlo para que acepte declararse culpable a cambio de un traslado a Costa Rica, donde podría esperar libre una eventual condena, evitando así la deportación a Uganda, país donde su seguridad podría estar en riesgo. Ábrego ha negado todas las acusaciones y se ha declarado inocente.
Este caso ha despertado críticas internacionales contra las políticas migratorias de Trump, señaladas por deportaciones masivas, falta de debido proceso y denuncias de violaciones a derechos humanos. La saga legal de Ábrego continúa abierta, con un juicio previsto para enero de 2026, y representa un punto focal en el debate sobre la justicia migratoria en Estados Unidos.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La empresa había solicitado incorporar más posiciones arancelarias al listado de mercaderías eximidas.
Crea un nuevo marco normativo para modernizar la producción, fomentar el empleo e impulsar la investigación en el sector
La decisión fortalece la posición argentina en el litigio por acciones de YPF en tribunales de Nueva York al ratificar la separación entre el patrimonio estatal y el de la petrolera.
Milei utiliza el escándalo de la AFA para disciplinar a una oposición vinculada a Tapia (Kicillof, Zamora, Massa). Entre sospechas de fondos negros y narco, el Gobierno busca aprobar reformas clave y ajustar el dólar ante la falta de auxilio financiero de Trump.
El gobernador Osvaldo Jaldo suspendió la reforma electoral en Tucumán hasta 2026, alegando falta de consenso. La iniciativa, que buscaba limitar acoples e implementar Ficha Limpia, fue duramente criticada por la oposición, que acusa al oficialismo de perpetuar un sistema arcaico.
La Justicia federal investiga a Paola Barritta (ATEPSA) y a la ex funcionaria Gabriela Logatto por presunto fraude contra EANA. Se les acusa de utilizar un acta paritaria inexistente para reclamar judicialmente aumentos millonarios. El expediente analiza si el documento fue fabricado como herramienta de presión política.
La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación.