La Justicia ordenó operativos en dos barrios exclusivos para buscar registros y pruebas vinculadas a los dueños de la Droguería Suizo Argentina, implicados en el caso de retornos ilegales.
La Justicia ordenó operativos en dos barrios exclusivos para buscar registros y pruebas vinculadas a los dueños de la Droguería Suizo Argentina, implicados en el caso de retornos ilegales.
La causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanzó este martes con nuevos allanamientos en los barrios La Isla y El Golf, dentro del complejo Nordelta, en el partido de Tigre. Los operativos, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, buscan obtener registros de ingreso y salida, además del análisis de imágenes de cámaras de seguridad, para determinar si se produjeron reuniones entre empresarios farmacéuticos y funcionarios públicos.
El foco recae sobre la familia Kovalivker, propietaria de la Droguería Suizo Argentina, una empresa con más de un siglo en el mercado nacional y principal proveedora del organismo.
En el marco de la causa, la Justicia allanó previamente la vivienda de Jonathan Kovalivker —uno de los socios— y encontró 50.000 dólares en una caja fuerte secundaria. Su hermano, Emmanuel Kovalivker, fue interceptado dentro de Nordelta con 266.000 dólares distribuidos en sobres, además de siete millones de pesos, su celular y su pasaporte, elementos secuestrados para el proceso investigativo.
Además, el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue citado a indagatoria por presunto encubrimiento. La Fiscalía sospecha que habría alertado a Jonathan Kovalivker sobre la presencia policial en la garita del barrio, facilitando su escape antes del allanamiento. De Vicentis se desempeña en el puesto desde hace más de una década.
Estos operativos forman parte de una investigación que tomó impulso tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS, en los que se denuncian cobros ilegales de retornos por parte de proveedores de medicamentos. La pesquisa apunta a esclarecer si existieron acuerdos para el pago de coimas y la participación de funcionarios públicos en estas maniobras.
Paralelamente, el Gobierno anunció modificaciones en el sistema de contrataciones de ANDIS, que incluyen la pérdida de la autonomía financiera del organismo para evitar decisiones centrales sin control ministerial.
El caso continúa en desarrollo y pone en el centro del debate la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a un sector clave como es la discapacidad, con un llamado a que la Justicia actúe con rigor para garantizar la integridad institucional.
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