El gobierno argentino logró una victoria judicial en Nueva York al desestimarse una demanda de fondos por la causa “Cupón PBI”. La decisión de la Cámara de Apelaciones protege al país de un posible pago de $500 millones, un fallo que el ejecutivo celebra como un triunfo en la defensa de los intereses nacionales.
Una sentencia crucial de la justicia de Estados Unidos ha marcado un hito para la República Argentina, salvándola de una potencial obligación de pago cercana a los 500 millones de dólares. El fallo, emitido por un tribunal de apelaciones de Nueva York, representa una victoria contundente en el denominado caso de los “cupones PBI”, un litigio de larga data que enfrentaba al país con varios fondos de inversión.
El conflicto legal se originó en la reestructuración de la deuda argentina tras la crisis de 2001. En aquel entonces, para incentivar a los acreedores a aceptar la quita, el país emitió bonos con un rendimiento extra vinculado al crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI). La promesa era sencilla: si la economía crecía por encima de un umbral predefinido, los tenedores de esos títulos recibirían un pago adicional. El problema surgió años después, cuando algunos fondos de inversión, liderados por la firma Aurelius, denunciaron que el gobierno argentino había manipulado sus estadísticas económicas para evitar activar los pagos.
La disputa escaló a los tribunales neoyorquinos, donde la jueza Loretta Preska se convirtió en una figura central. En su sentencia de julio de 2024, la magistrada desestimó las acusaciones de los demandantes, dictaminando que no habían cumplido con una cláusula fundamental del contrato de los bonos, conocida como “No Acción”. Esta disposición contractual establecía que los inversores no podían iniciar acciones legales si no se cumplían ciertas condiciones específicas. La justicia encontró que la parte demandante no había logrado demostrar que esas condiciones se hubieran violado, lo que le dio la razón a la posición argentina.
Los fondos de inversión no se rindieron y llevaron el caso a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, en un intento por revertir la decisión de la jueza Preska. Sin embargo, en un comunicado de la Procuración del Tesoro de la Nación, se informó que el Tribunal de Apelaciones no solo había ratificado su propia sentencia previa del 16 de julio, sino que también desestimó un último recurso presentado por los demandantes para que se revisara el fallo, ya sea por el panel original de jueces o por el pleno del tribunal.
Este rechazo definitivo pone fin a una amenaza financiera que, de haberse concretado, habría representado un duro golpe para las ya complicadas finanzas del país. La Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la dirección del gobierno actual, ha celebrado este resultado como un éxito significativo en su estrategia de defensa judicial. El organismo destacó que la resolución es una prueba de la firmeza con la que la administración de Javier Milei defiende los intereses de la nación y sus ciudadanos en los procesos legales internacionales, al evitar una obligación de pago de tal magnitud en un contexto de fragilidad económica.
La decisión de la justicia estadounidense no solo cierra un capítulo costoso en la historia legal de Argentina, sino que también sienta un precedente importante. La confirmación del fallo fortalece la posición del país en litigios futuros y envía una señal positiva sobre la solidez de los acuerdos de reestructuración de deuda firmados en el pasado. Para el gobierno, que busca generar confianza en los mercados globales, esta resolución es una noticia de gran alivio y un punto a favor en su intento por sanear la economía.
Un tribunal federal estadounidense determinó que Donald Trump excedió su autoridad al imponer la mayoría de los aranceles aplicados, aunque la medida seguirá vigente temporalmente mientras se espera una posible apelación.
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