Auditoría del gobierno detecta sobreprecios en la ANDIS

Una revisión oficial reveló en datos preliminares que la Agencia Nacional de Discapacidad pagó hasta un 27% más en medicamentos en comparación con el Ministerio de Salud. La auditoría se inició tras denuncias de corrupción y sigue en curso.

Alejandro Vilches. Foto: web

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) afronta una crisis institucional tras la salida de su ex titular Diego Spagnuolo, luego de la difusión de audios en los que denunciaba presuntas irregularidades internas y corrupción en la compra de medicamentos. El Gobierno inició una intervención a cargo de Alejandro Vilches para supervisar y auditar las contrataciones realizadas por el organismo.

Resultados preliminares de auditoría

El informe oficial alcanzó datos preliminares que evidencian que ANDIS pagó hasta un 27% más caro por medicamentos que los valores abonados por el Ministerio de Salud en compras similares. Se analizó un conjunto de siete medicamentos, entre los que se destaca especialmente la PEG Asparaginasa, fármaco utilizado en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda.

Según los registros, en agosto de 2025 el programa Incluir Salud —que depende de ANDIS— adquirió este medicamento a $13.500.167, mientras que un año antes el Ministerio de Salud había pagado $8.274.027. La diferencia persiste incluso tras corregir la cifra por la inflación interanual del 35,6% en el sector salud.

Las irregularidades detectadas forman parte de una investigación judicial en curso que busca determinar si hubo sobreprecios ilegales y posibles pagos de coimas vinculados a las compras de medicamentos realizadas por ANDIS. Las pesquisas incluyen el análisis de documentos, allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos en domicilios y oficinas de los involucrados, con el objetivo de confirmar responsabilidades penales y administrativas.

Proveedor y marco judicial

Las compras fueron realizadas a la droguería Suizo Argentina, empresa de gran trayectoria en el sector, perteneciente a la familia Kovalivker. La firma mantiene contratos con diversas entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Salud y varias fuerzas de seguridad. Tras la auditoría y la difusión de los audios, la Justicia federal inició una causa que incluye investigaciones por pedidos de coimas y asociación ilícita vinculadas a las compras.

Uno de los allanamientos recientes tuvo lugar en una propiedad del empresario Emmanuel Kovalivker en Nordelta, donde se secuestraron documentos y 200.000 dólares en efectivo, elementos que podrían aportar a la investigación judicial.

El Gobierno oficializó la intervención y el control sobre ANDIS, con la intención de garantizar una gestión más transparente y eficiente. El interventor Alejandro Vilches deberá presentar un informe pormenorizado sobre las operaciones, mientras que la Justicia continuará con las pesquisas para esclarecer si hubo delitos vinculados a la administración de recursos públicos en el área de discapacidad.

Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control en la adquisición de medicamentos, especialmente en organismos destinados a la atención de sectores vulnerables. El desarrollo de la investigación y las medidas adoptadas serán determinantes para restaurar la confianza institucional y evitar perjuicios futuros.

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