El RIGI no logra el impulso esperado a un año de su aprobación. Solo tres proyectos registran importaciones por 26 millones de dólares. Expertos señalan la burocracia y la incertidumbre política como causas del retraso, con la mayoría de las inversiones concentradas en minería e hidrocarburos.
A un año de su aprobación legislativa, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no ha logrado el impulso que el gobierno esperaba. A pesar de los anuncios que prometían un torrente de capitales, la realidad muestra un panorama más lento y concentrado. De los 19 proyectos de inversión identificados, solo siete han sido aprobados, y apenas tres de ellos han registrado importaciones, sumando un monto modesto de 26 millones de dólares.
La situación se debe a una combinación de factores que van desde la burocracia hasta las incertidumbres políticas y económicas. Como señaló el economista Federico Bernini, el RIGI “viene un poco lento porque los proyectos tardaron en presentarse y/o aprobarse. Las importaciones vienen lentas, incluso varios proyectos aprobados aún no registran compras”. Bernini también explicó que la naturaleza de los proyectos, en su mayoría a largo plazo como los de cobre, hace que las importaciones no sean inmediatas. A esto se suma el contexto electoral: “pueden estar esperando los resultados de las elecciones para saber si existe la posibilidad de que le incumplan las condiciones”.
La cautela de los inversores se refleja en las cifras de la Inversión Extranjera Directa (IED). El balance cambiario del Banco Central arrojó un saldo negativo de 1.527 millones de dólares en el primer semestre del año. Esta “sangría histórica” de capitales, como la han calificado algunos analistas, muestra que los incentivos fiscales por sí solos no son suficientes para atraer capitales.
El economista Matías Cena Trebucq, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, señaló a PERFIL que “este tipo de regímenes cuesta al principio aceitar los procesos institucionales y burocráticos”. Además, destacó que existen otras variables que las grandes empresas tienen en cuenta antes de invertir, como “el nivel de educación de la población; es decir, si la mano de obra es calificada o no, el nivel de infraestructura también para abastecerse de servicios”.
Los proyectos que han solicitado su adhesión al RIGI se concentran abrumadoramente en solo dos sectores. El 95% de las inversiones comprometidas corresponden a la minería (63%) y a los hidrocarburos (32%), lo que indica que, a pesar de los amplios beneficios, el régimen no ha logrado diversificar la llegada de capitales a otros rubros.
Los beneficios fiscales que ofrece el RIGI también implican una pérdida de recursos para el Estado. La economista María Julia Eliosoff, del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, afirmó a PERFIL que el régimen minero, con beneficios similares al RIGI, se estima que generará una “pérdida de recaudación de 0,07% del PBI por ese régimen en 2025”.
Los siete proyectos aprobados, que suman una inversión de más de 13.000 millones de dólares, son:
Southern Energy: un proyecto de GNL de 6.878 millones de dólares en Río Negro.
Rincon Mining: una planta de carbonato de litio por 2.724 millones de dólares en Salta.
VMOS: un oleoducto en Vaca Muerta por casi 2.600 millones de dólares.
Sidersa: una nueva acería en San Nicolás por 296 millones de dólares.
YPF Luz: un parque solar fotovoltaico de 211 millones de dólares en Mendoza.
Galan Lithium: un proyecto de producción de litio de 217 millones de dólares en Catamarca.
GEAR 1 S.A.: un parque eólico en Olavarría por 255 millones de dólares.
A pesar de estos proyectos, el caso de la empresa china Ganfeng fue el único rechazado hasta el momento, una decisión que fue comunicada personalmente por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.
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