La Corte Suprema rechazó la última maniobra legal de Tabacalera Sarandí, poniendo fin a su intento de anular el fallo que valida el impuesto al tabaco. La empresa, que evitó el pago por años, ve su estrategia desbaratada por la justicia, que le exige la regularización.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cerrado de manera definitiva la puerta a los reclamos del empresario Pablo Otero, conocido en el mercado como el “Señor del Tabaco”. Con una nueva y contundente resolución, el máximo tribunal desestimó un último intento de Tabacalera Sarandí por anular el fallo que, el pasado 14 de agosto, declaró la constitucionalidad de los impuestos internos sobre los cigarrillos, una decisión que puso fin a un largo y millonario litigio.
El origen de la disputa se remonta a una serie de medidas cautelares que la compañía de Otero había obtenido en tribunales inferiores. Estas resoluciones le permitieron evadir el pago de los impuestos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Como resultado, Tabacalera Sarandí pudo ofrecer marcas como Master Red, Red Point y Kiel a un precio significativamente más bajo que sus competidores, lo que le permitió ganar una gran porción del mercado argentino.
Esta ventaja fiscal, mantenida durante años, generó una competencia desleal y afectó la recaudación del Estado. Si bien la Corte ya había revocado las cautelares que protegían a la empresa, fue el fallo del 14 de agosto el que resolvió la cuestión de fondo, estableciendo un precedente fundamental. En esa sentencia, el tribunal argumentó que los impuestos al tabaco no solo tienen un propósito recaudatorio, sino también un fin extrafiscal vinculado a la salud pública, una motivación que los magistrados consideraron plenamente válida y acorde con la Constitución.
En un intento desesperado por evitar esa histórica sentencia, los abogados de Otero presentaron un escrito en el que solicitaban la retirada del caso, bajo el argumento de que la empresa se había adherido a un plan de regularización impositiva. Sin embargo, el tribunal desestimó esa jugada, señalando que la defensa de Tabacalera Sarandí no había aportado ninguna prueba que acreditara tal adhesión, violando el principio legal de que “quien sostiene un hecho es quien tiene la carga de acreditarlo”.
A pesar de la derrota, la compañía no se dio por vencida. Este martes, los representantes de Otero presentaron una nueva solicitud, esta vez pidiendo la nulidad del fallo definitivo. El argumento era que la Corte había ignorado el primer pedido de desistimiento. La respuesta del tribunal fue categórica. Los jueces señalaron que la presentación de la empresa era “la nulidad por la nulidad misma”, confirmando su decisión anterior de rechazar sin más la petición. Esta última acción de la Corte ha puesto un punto final definitivo al caso, agotando la vía procesal de la compañía en esta instancia y reforzando la autoridad del tribunal como garante de la legalidad fiscal.
La decisión de la Corte no solo tiene un impacto directo en el futuro financiero de Tabacalera Sarandí, sino que también establece un marco de equidad para la industria. Al confirmar la validez constitucional de los impuestos al tabaco, se restaura la igualdad de condiciones entre las empresas del sector y se valida la potestad del Estado de utilizar la política fiscal como herramienta para proteger la salud de la población. Para el fisco argentino, el fallo representa una victoria crucial que permitirá recuperar un importante flujo de ingresos.
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