El juez federal Sebastián Casanello intensifica la investigación sobre el desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en Jonathan Kovalivker, empresario que eludió los allanamientos. La Justicia busca reconstruir su recorrido y esclarecer posibles complicidades en el exclusivo barrio Nordelta.
En el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la investigación judicial dio un giro crucial cuando Jonathan Kovalivker, socio mayoritario de la droguería Suizo Argentina SA, logró evadir los operativos realizados en el exclusivo barrio Nordelta el día de los allanamientos.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó secuestrar las grabaciones de cámaras de seguridad del country para reconstruir con detalle el recorrido de Kovalivker durante el operativo. La pesquisa busca determinar si hubo complicidad interna que facilitó su escape y quién pudo haber alertado al empresario de la presencia policial.
Mientras tanto, el jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue indagado por Casanello y acusado de obstrucción a la justicia. A pesar de que negó la acusación y afirmó estar de vacaciones, la Justicia incautó sus teléfonos celulares, a la espera de un exhaustivo peritaje tecnológico para determinar si colaboró en la fuga o brindó información privilegiada.
El empresario se presentó ante la fiscalía con su celular apagado, sin facilitar las contraseñas, despertando sospechas sobre posibles borrados de información vital para la causa. En contraste, su hermano Emmanuel Kovalivker, que posee un porcentaje menor en la droguería, intentó también fugarse en su camioneta, pero fue detenido. En su poder se encontraron sobres con casi 7 millones de pesos y 266.000 dólares, además de anotaciones numéricas que se presumen forman parte de la contabilidad paralela del esquema de coimas.
El operativo judicial incluyó el secuestro de una caja de seguridad vacía en la propiedad de Jonathan y documentos que podrían contener registros de ingresos y egresos del barrio durante las fechas clave del escándalo, coincidiendo con las grabaciones de Spagnuolo que dieron origen a la causa.
Las autoridades continúan evaluando el material incautado, entre grabaciones, teléfonos y documentos, con la intención de esclarecer el entramado que vincula a empresarios y funcionarios con la presunta recaudación ilegal en un área sensible para la salud pública.
El caso no solo desvela modalidades operativas, sino una presunta red de complicidades institucionales que se extienden más allá del círculo empresarial hacia actores con responsabilidades políticas y de seguridad. La sombra de la evasión y la ocultación de pruebas amplía el espectro de investigaciones y aumenta la presión sobre el gobierno de Javier Milei, ya afectado por crisis políticas internas.
En un escenario donde la confianza social está gravemente dañada, la Justicia busca avanzar con rapidez y rigor, conscientes de que este episodio podría definir la credibilidad y estabilidad del sistema político en tiempos electorales críticos.
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