El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la grabación difundida fue realizada ilegalmente en el Congreso y acusó a la oposición de promover una operación para afectar al Gobierno en época electoral.
El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la grabación difundida fue realizada ilegalmente en el Congreso y acusó a la oposición de promover una operación para afectar al Gobierno en época electoral.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, declaró que el audio atribuido a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, habría sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara. En un tuit publicado en X, afirmó que estos encuentros buscan coordinar la labor legislativa de La Libertad Avanza, partido que impulsa el presidente Javier Milei.
Menem explicó que la supuesta grabación y difusión de conversaciones privadas constituye un intento intencional de desestabilización en plena campaña electoral. Describió a la oposición, a la que denominó “tren fantasma”, como incapaz de aceptar un gobierno elegido por mandato popular y acusó a ciertos sectores de recurrir a maniobras con “operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.
El audio, difundido inicialmente por medios uruguayos, contiene una breve mención en la voz atribuida a Karina Milei, en la cual alude a Menem como “la cabeza”. Aunque la grabación no presenta datos comprometedores directos, generó gran impacto político en un contexto de acusaciones por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Ante la difusión, el juez Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la circulación de audios grabados en la Casa Rosada en relación con esta causa, lo que ha suscitado críticas por posibles implicaciones sobre la libertad de prensa.
Menem también subrayó su respaldo hacia su primo Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, reafirmando su confianza al señalar: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”. El presidente del congreso denunció una “operación” mediática destinada a afectar el oficialismo en un momento electoral clave para la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
El caso generó diversas reacciones. Desde la oposición se reclama una investigación profunda, mientras que el oficialismo lo interpreta como un ataque político. Por otra parte, los allanamientos solicitados por el Gobierno en los domicilios de periodistas que difundieron los audios generaron rechazo en sectores tanto críticos como cercanos al poder.
La controversia plantea interrogantes en torno a la legalidad de las grabaciones, el equilibrio entre libertad de prensa y privacidad, y las tensiones políticas en un país que se acerca a un proceso electoral decisivo.
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