Senadores de distintos bloques cuestionaron las denuncias del Gobierno contra periodistas y los allanamientos, calificando la acción como anticonstitucional y un riesgo para la democracia argentina.
Senadores de distintos bloques cuestionaron las denuncias del Gobierno contra periodistas y los allanamientos, calificando la acción como anticonstitucional y un riesgo para la democracia argentina.
Un grupo de senadores manifestó un fuerte rechazo a las denuncias impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra periodistas que difundieron audios relacionados con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión calificó esta estrategia oficialista como una violación a la Constitución Nacional, dado que busca limitar la libertad de expresión y presiona con órdenes judiciales contra trabajadores de prensa.
La senadora Carolina Moises, presidenta de la comisión y representante de Unión por la Patria, señaló que las herramientas empleadas por el Poder Ejecutivo, firmadas por el presidente y la ministra de Seguridad, constituyen un accionar “anticonstitucional” y representan un intento de censura. La ofensiva legal incluye denuncias penales y civiles para prohibir la divulgación de las grabaciones que comprometen a funcionarios presentes y pasados, además de solicitar allanamientos a domicilios y lugares de trabajo de periodistas, con argumentos de una supuesta conspiración trasnacional.
Según la senadora, el rol del Senado es tutelar los derechos constitucionales y garantizar a los medios y ciudadanos la libre comunicación sin condicionamientos. En ese sentido, expresó solidaridad con los periodistas afectados y advirtió sobre una escalada de ataques del Gobierno contra la prensa, alimentados por discursos de odio que repercuten en la violencia contra trabajadores del sector.
Por su parte, Pablo Blanco, senador de Juntos por el Cambio, coincidió en que estas acciones representan un atropello de las garantías constitucionales y jurídicas. Criticó también al juez Alejandro Maraniello, quien autorizó la medida cautelar que impide la difusión de los audios, cuestionando su idoneidad y señalando antecedentes polémicos.
Martín Lousteau, del mismo bloque, expresó preocupación por los allanamientos ordenados contra periodistas. Destacó que estas medidas ponen en riesgo la libertad de prensa, la confidencialidad de las fuentes y, en última instancia, la salud democrática, al generar un clima de censura e intimidación.
Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, en el marco de acusaciones de corrupción que involucran miembros del Gobierno. La oposición parlamentaria ve estas maniobras legales como intentos de coartar la crítica y restringir derechos fundamentales, mientras que el oficialismo sostiene su estrategia defendiendo la estabilidad y el orden institucional.
El debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad del Estado en su protección sigue abierto. Se confrontan la necesidad de transparencia, la defensa del periodismo independiente y el control de las prácticas estatales para preservar un sistema democrático abierto, plural y respetuoso de los derechos civiles.
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