El fiscal Carlos Stornelli inició una investigación sobre la denuncia del Gobierno contra la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, pero subrayó la protección constitucional a las fuentes de los periodistas.
El fiscal Carlos Stornelli inició una investigación sobre la denuncia del Gobierno contra la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, pero subrayó la protección constitucional a las fuentes de los periodistas.
El reciente escándalo político en Argentina gira en torno a la filtración y difusión de audios vinculados a Karina Milei y otras personas allegadas a Javier Milei, que revelan supuestas irregularidades y conflictos internos en el gobierno libertario. Frente a este contexto, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y solicitó medidas cautelares para frenar la circulación de dichos registros.
El fiscal Carlos Stornelli recibió la causa y anunció la apertura de una investigación para esclarecer el origen y las circunstancias de la filtración. Sin embargo, ha enfatizado que respetará el derecho constitucional a la inviolabilidad de las fuentes periodísticas, una protección clave para garantizar la libertad de expresión y el periodismo de investigación.
La denuncia del Gobierno acusa que la difusión de audios editados clandestinamente busca influir ilegítimamente en la opinión pública, afectando el proceso electoral próximo y la gestión gubernamental. En este marco, se solicitó a la justicia la prohibición de cualquier nueva publicación o reproducción de la información derivada de los registros, así como allanamientos y peritajes digitales para rastrear su procedencia.
No obstante, la denuncia plantea hipótesis controvertidas y sin pruebas contundentes, incluyendo supuestas operaciones de inteligencia extranjera con impacto en la política nacional. Algunos expertos constitucionalistas han señalado que la censura previa o acciones restrictivas sin procedimiento judicial adecuado pueden vulnerar la libertad de información, especialmente cuando la fuente versa sobre funcionarios públicos y temas de interés público.
A nivel judicial, la causa fue sorteada en el Juzgado del juez Julián Ercolini, quien ya comenzó con las diligencias. En paralelo, un juez civil dictó una medida cautelar sobre la difusión de los audios, un procedimiento cuestionado dado que su titular tiene denuncias públicas, lo que añade tensión al proceso en curso.
Este caso pone de relieve el delicado equilibrio entre el derecho a la privacidad y seguridad institucionales frente al derecho a la información y al debate público en la democracia. A medida que la investigación avanza, el país observa cómo se manejan estos conflictos de derechos fundamentales en un contexto marcado por la polarización política y el proceso electoral.
También jugará el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner.
La cantante, Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, se comunicó con la policía de la Ciudad de Buenos Aires tras varios días de ausencia que generaron preocupación en su entorno y seguidores.
Edgardo Medina, aspirante a la presidencia de Gimnasia, sugirió negociar el resultado para evitar el descenso.
Pilotos de Aerolíneas Argentinas confirmaron una nueva medida gremial para este viernes. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) convocó a asambleas que interrumpirán operaciones en Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 de la mañana, afectando a unos 60 vuelos y cerca de 7.000 pasajeros.
El Tribunal Oral Federal N°7 desestimó el pedido de sobreseimiento anticipado de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga un sistema ilegal de recaudación de sobornos. La acusación señala a Kirchner como jefa de una asociación ilícita. El juicio oral se iniciará en seis días.
Homenajeó a Charly García por sus 74 años y celebró su eterna pasión por el “Millonario”.
Un grupo empresario liderado por Gustavo Scaglione cerró la compra del canal Telefe, marcando el regreso a manos argentinas de uno de los medios televisivos más importantes. La operación, implica un cambio significativo tras casi 30 años bajo control extranjero.
La Justicia federal ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer las pensiones suspendidas y suspender auditorías hasta una sentencia definitiva. La medida afecta a beneficiarios en todo el país, excepto personas privadas de libertad.
