La columna de Joaquín Morales Solá critica la censura de los audios del caso ANDIS, calificándola de inconstitucional. El autor expone la crisis política del gobierno, marcada por luchas internas, cuestionamientos judiciales y una creciente desilusión de la opinión pública.
El escándalo político que sacude al gobierno de Javier Milei tras la divulgación de audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no es un problema aislado, sino un síntoma de una profunda crisis que va desde la cúspide del poder hasta los “sótanos del Estado”. En una columna de opinión, el reconocido editorialista y analista político Joaquín Morales Solá ha calificado la medida judicial que ordenó la censura de los audios como una “aberración de la censura previa”, y ha desentrañado una compleja trama de internas, vendettas y acusaciones cruzadas que ponen en tela de juicio la legitimidad del gobierno.
Morales Solá se centra en la “aberración de la censura previa”, la peor de las censuras, que se niega a que la gente conozca algo que se ha divulgado de manera ilegal. El autor señala que esta censura es inconstitucional y que, a pesar de que la ley castiga a los periodistas por los “estragos que podrían cometer con el honor de las personas”, las sanciones deben llegar “después de conocidos los hechos. Nunca antes”. El autor pone como ejemplo un fallo histórico de la Corte Suprema norteamericana de 1971 sobre los “papeles del Pentágono”, donde el tribunal se pronunció a favor de la libertad de prensa, al considerar que la censura es un peligro para la seguridad de la sociedad.
La reacción del gobierno ante el escándalo de los audios ha sido un reflejo del pánico. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó el allanamiento del canal de streaming Carnaval y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como de otras personas vinculadas a la difusión de las grabaciones. Para Morales Solá, esta acción de la ministra, “responsable de la seguridad de los argentinos”, se explica en su “permanente sobreactuación como militante mileísta”. También cuestiona el motivo detrás de esta obsesión por evitar que se conozcan más audios: “¿Qué se quiere ocultar? ¿Cuál es el temor sobre el contenido de esos audios presuntos?”.
La trama del escándalo se vuelve más compleja con la revelación de una “feroz interna” en el gobierno. Morales Solá describe las luchas de poder entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, a quien se acusa de manejar la SIDE (los servicios de inteligencia). La diputada Marcela Pagano, esposa de Franco Bindi (uno de los sospechosos de haber grabado los audios), ha acusado públicamente a Caputo de controlar la SIDE, una acusación que nadie, ni siquiera el presidente de la comisión bicameral que debe controlar a los servicios de inteligencia, Martín Lousteau, se ha atrevido a investigar. El autor señala que las denuncias de espionaje y los “sótanos del Estado” se han vuelto un factor central en la política, una situación que el gobierno de Milei ha sido incapaz de controlar.
aambién se pone bajo la lupa las acciones de la Justicia. El autor cuestiona el “apresuramiento” del juez Sebastián Casanello en allanar las oficinas de la droguería Suizo Argentina y el hecho de que no haya incautado el teléfono del subsecretario Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales implicados en los audios. La validez legal de las grabaciones es otro tema de debate, ya que, si la Cámara Federal considera que el primer audio es ilegal, podría declarar la nulidad de la causa.
Morales Solá concluye que el escándalo de la ANDIS no es un problema aislado, sino un síntoma de una crisis de gobernabilidad. La decisión de ir con un candidato propio en Corrientes, que terminó en una derrota y en la pérdida de un aliado clave como el gobernador Gustavo Valdés, fue tomada por Karina Milei y “Lule” Menem, y es vista como un “error” que limita la capacidad del gobierno de llevar adelante su agenda. Las encuestas, que muestran una caída en la aprobación de Milei, anticipan un futuro incierto, en el que el desencanto social podría tener un efecto electoral si una opción no kirchnerista logra capitalizar el descontento.
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