Además, el juez Casanello procesó a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por presunta obstrucción a la justicia, debido a que habría alertado a uno de los investigados antes de los allanamientos. Esta acusación ya fue formalizada y sigue en curso.
En paralelo, la Organización No Gubernamental Poder Ciudadano fue incorporada como querellante en la causa, tras resaltar el interés colectivo y público involucrado en los hechos investigados, según su propio planteo judicial.
El secreto de sumario, impuesto desde los primeros días de la investigación, limita el acceso a la información y busca garantizar el desarrollo ordenado del expediente. Sin embargo, esta extensión mantiene a la sociedad y a los propios acusados en la incertidumbre acerca del avance concreto de las indagatoria.
Con esta ampliación del secreto de sumario, la causa atraviesa una etapa crítica que refleja su complejidad judicial y la sensibilidad política que involucra. El proceso sigue en curso y el desenlace depende del análisis y la valoración de las pruebas que continúan bajo reserva, mientras la opinión pública permanece atenta al esclarecimiento del presunto esquema de coimas en ANDIS.