Senadores de Unión por la Patria reclamaron en la Cámara alta que la ministra de Seguridad enfrente un juicio político por su denuncia que buscó allanar a periodistas para frenar la difusión de audios vinculados a presuntas coimas. Además, pidieron que la secretaria general de la Presidencia Karina Milei rinda cuentas sobre la denuncia.
El senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, sacudió el inicio de la sesión en el Senado al reclamar un juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El motivo es la denuncia presentada desde su cartera que derivó en allanamientos a periodistas y la prohibición judicial de difundir audios vinculados a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mayans exigió además la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que “explique qué ocurrió con la denuncia presentada desde su propio gabinete” y sostuvo que la situación debe ser investigada “hasta las últimas consecuencias”.
En un tono crítico, el legislador calificó la denuncia de Bullrich como un “disparatado acto” y una “tomada de pelo para la política internacional argentina”. También pidió la citación de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y empleado del Senado.
Durante la sesión, legisladores opositores acusaron a Bullrich de amedrentar a la prensa y de intentar desacreditar la investigación periodística. Martín Lousteau sostuvo que la ministra “debería impedir que funcionarios sean grabados en lugar de perseguir periodistas”. En tanto, Carolina Moisés calificó esta censura como una gravísima violación a la libertad de expresión y apuntó a Javier Milei al decir que “su hermana, como funcionaria pública, debe rendir cuentas”.
Carlos Linares reprochó que Bullrich, lejos de centrarse en la corrupción, atacó a presuntos servicios de inteligencia extranjeros, y Sergio Leavy reclamó que Karina Milei dé la cara públicamente tras varias semanas de controversia.
La discusión en el Senado deja en evidencia un clima de fuerte tensión política, donde la oposición advierte que en lugar de responder por supuestas irregularidades en la ANDIS, el Gobierno optó por describir el caso como parte de una conspiración y perseguir a los medios que difundieron la investigación.
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