El Senado argentino rechazó con 63 votos contra 7 el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y aprobó un proyecto para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El Senado argentino rechazó con 63 votos contra 7 el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y aprobó un proyecto para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
En una sesión histórica y marcada por la tensión política, el Senado de la Nación aprobó este jueves el rechazo al veto presidencial impulsado por Javier Milei contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos a favor y siete en contra, la oposición unida logró imponer su voluntad y reactivar una normativa que había sido sancionada en julio con amplio respaldo legislativo.
Esta decisión marca la primera vez en 22 años que el Senado rechaza un veto presidencial en el país, reafirmando su rol como contrapeso al Poder Ejecutivo. Además, se aprobó en la misma sesión un proyecto que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), obligando a que versen sobre una sola materia y sean tratados individualmente por el Parlamento. Esta medida busca limitar la facultad presidencial para gobernar mediante decretos sin control legislativo.
La ley, que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 con posibilidad de prórroga, contempla la actualización automática de los aranceles de prestadores y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. También ordena la regularización de deudas del sistema de salud con prestadores vinculados al sector discapacidad.
El gobierno, justificando el veto en un fuerte impacto fiscal, sostuvo que la aplicación de la ley comprometería el equilibrio presupuestario. Sin embargo, estudios oficiales del Congreso indicaron que el gasto adicional representará entre 0,26% y 0,46% del PBI, una cifra que la mayoría parlamentaria consideró manejable y justificada para proteger a más de seis millones de personas con discapacidad.
La sesión estuvo presidida por el senador libertario Bartolomé Abdala, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel estaba a cargo del Ejecutivo por la ausencia presidencial. La bancada oficialista conservó un reducido bloque de seis senadores, más algunos aliados que acompañaron el veto, como Carmen Álvarez Rivero, quien justificó su apoyo en la necesidad de “gestión” más que en nuevas leyes.
La discusión se vio atravesada por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), algo que la oposición aprovechó para criticar duramente la gestión del gobierno y fortalecer su campaña para sostener la ley.
En paralelo, el Senado continua en sesión discutiendo la avanzada de un proyecto para limitar el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo, con el fin de evitar que la administración actual gobierne mediante decretos y vetos sin control legislativo. La iniciativa impone la ratificación expresa de los decretos en un plazo máximo de 90 días y establece que, si no es ratificado, el DNU perderá vigencia.
Esta sesión marca una derrota legislativa histórica para el gobierno de Milei, la primera en más de 20 años en que el Congreso insiste en derogar un veto presidencial. Además, evidencia una fuerte cohesión opositora que se prepara para jugar un rol decisivo en el equilibrio de poderes en los próximos meses y en la defensa de sectores vulnerables.
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