La investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) enfrenta un nuevo revés: los peritos confirmaron que no es posible recuperar los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. Así lo informaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes llevan adelante la causa que investiga un supuesto esquema de corrupción.
Según el informe de los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el borrado de los mensajes se realizó utilizando un método especial que impide su recuperación. Durante el allanamiento a la casa de Spagnuolo en Pilar, fueron secuestrados dos celulares, uno de los cuales estaba en desuso y tras una copia forense no se encontró información relevante. En el dispositivo activo, había muchas conversaciones eliminadas con figuras como Javier Milei, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, este último señalado en los audios como parte del presunto esquema de coimas.
El jueves próximo se realizará el peritaje a tres celulares más: los pertenecientes a Eduardo y Jonathan Kovalivker —dueños de la droguería Suizo Argentina, acusada de recaudar coimas— y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en ANDIS. Sin embargo, las expectativas sobre nuevos hallazgos son bajas, ya que Eduardo y Jonathan entregaron sus teléfonos apagados y sin claves, mientras que Garbellini sí accedió a facilitar el acceso, aunque probablemente eliminó información relevante.
El caso se complica además por la presentación de defensas y planteos de nulidad. Los abogados de los Kovalivker solicitaron la nulidad de la causa basándose en el origen desconocido de los audios y en que la droguería ya fue investigada el año pasado en otra causa cerrada. La Justicia mantiene el secreto de sumario por otros diez días hábiles, retrasando el acceso de las partes al expediente.
Por su parte, Spagnuolo se presentó recientemente ante la Justicia y designó a nuevos abogados defensores. Su posición, la investigación paralela y la incertidumbre judicial mantienen vivo el debate sobre el futuro de la causa, en la que están involucrados importantes nombres del entorno presidencial.
Este escándalo golpea la imagen de la gestión y abre interrogantes sobre la transparencia en la asignación de fondos para discapacitados. La situación sigue en desarrollo y la mirada pública permanece atenta a los próximos pasos judiciales.