Además, Aucachi cuestionó duramente la representatividad del diputado y su operador, señalando que “esas personas no son productores de verdad. Yo tengo gente en blanco, empleados. Sin la cooperativa, nosotros no existiríamos”.
Su hijo, Nelson Aucachi, proveedor de insumos tabacaleros, relató cómo fue llevado a firmar sin conocer las consecuencias reales: “Firmé sin saber de qué se trataba. Pensé que era para otra cosa, estaba apurado y apenas firmé. No firmé para que intervengan la cooperativa, ni es mi intención. Recién me enteré que Quintar estaba detrás cuando vi redes sociales. Me siento mal y quiero resolver este problema”.
Otros productores extenderían las denuncias a casos similares. Diego Cazón, de Puesto Viejo, afirmó que su firma fue falsificada, ya que no se encontraba en la provincia cuando se presentó el pedido. En su carta, solicitó que la cooperativa actúe en defensa de sus derechos. Melchor Ángel Soto explicó que fue presionado para firmar hojas en blanco con la falsa promesa de ayudas para los productores. En su misiva, aclaró que rechaza cualquier tipo de maniobra que afecte a la cooperativa.
Esta problemática no solo afecta a los firmantes, sino a toda la cadena tabacalera de Jujuy. Los productores consideran que la cooperativa es la columna vertebral de la actividad: “Si no existiera la cooperativa, no podríamos hacer tabaco”, afirmaron.
El trasfondo de lo denunciado es político y estaría orientado a generar un escenario de confrontación entre la institución y sus propios asociados, justo en un momento crucial para el sector.
Los testimonios y documentos que los productores han hecho públicos demuestran que la operación liderada por Quintar y Sánchez, seres asociados a La Libertad Avanza, no representa los intereses ni la voluntad real de los tabacaleros. Por ello, exigen justicia, respeto y que cesen las maniobras que ponen en riesgo la sustentabilidad de la producción y la unidad del sector.
La acusación pone en cuestionamiento el rol de Quintar como representante legítimo del sector, y la coherencia de su “supuesto compromiso” con los productores tabacaleros jujeños. A nivel político, este caso alimenta la polémica en torno a la influencia de La Libertad Avanza en la provincia, aquejada por tensiones que exceden el plano productivo.
Además, el contexto económico complicado y la necesidad de medidas concretas de apoyo hacen que estas disputas políticas resulten particularmente dañinas, generando incertidumbre y ruidos que podrían deteriorar un motor clave para la economía regional.
Por otro lado, varios productores han ya protagonizado reclamos y movilizaciones para exigir la renovación y ampliación de políticas públicas que garanticen la continuidad y competitividad del cultivo de tabaco en Jujuy. El desacuerdo entre las partes y la controversia sobre el manejo de la cooperativa trasladan una crisis que no solo es administrativa, sino que pone en jaque la viabilidad futura para miles de familias.
Este episodio destaca la necesidad urgente de transparencia, diálogo y defensa irrestricta de los derechos de los productores. Se reclama una investigación imparcial y el respeto a la autonomía de la cooperativa, acompañada de políticas que respondan a las reales necesidades del sector.
Mientras los acusados, Manuel Quintar y Pablo Sánchez, no brindan explicaciones oficiales, crece el malestar social y político en torno a una maniobra que puede marcar un antes y un después en la relación entre representantes políticos y productores en la provincia.
La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, con más de 50 años de historia, es un símbolo fundamental de la producción y desarrollo regional. Sus socios reclaman que su autonomía y función no sean utilizadas como herramienta de disputas partidarias o intereses políticos particulares.