La exdiputada nacional Elisa Carrió, junto a diputados de la Coalición Cívica, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político contra el juez federal Alejandro Patricio Maraniello. Este magistrado fue cuestionado por dictar una medida cautelar que prohibió la difusión de audios relacionados con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en medio del escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los denunciantes, entre ellos las diputadas Marcela Campagnoli y Hernán Reyes, acusan a Maraniello de mal desempeño y, en algunos casos, de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones. Solicitan la apertura de un proceso de remoción, su suspensión y eventual destitución debido a la censura previa que implica la prohibición legal de difundir información de interés público.
El caso cobró relevancia luego de que el juez prohibiera la difusión de chats, fotos, videos y audios sobre Karina Milei en cualquier medio o red social, lo que según los denunciantes reduce el derecho constitucional a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Además, se señala una posible vinculación entre Maraniello y el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, con el presunto objetivo de encubrir investigaciones y procesos penales abiertos contra el magistrado dentro del Consejo de la Magistratura y la justicia federal.
La denuncia también menciona la participación de Maraniello como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, institución que estaría vinculada a una red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, financiada por laboratorios con intereses contradictorios al ejercicio imparcial del magistrado.
Por otra parte, Maraniello enfrenta cinco denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género presentadas por integrantes de su juzgado, lo que ha atentado contra la confianza pública en la independencia judicial y el correcto funcionamiento del sistema legal.
Los legisladores de la Coalición Cívica concluyeron que el accionar del juez representa un abuso de autoridad, menoscaba la imparcialidad y vulnera garantías democráticas fundamentales, por lo que pidieron que se adelante la evaluación para su destitución y se garantice la transparencia en su juzgado.