La jueza Julieta Makintach enfrenta cargos por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa vinculada al documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, que dejó el proceso judicial anulado.
La jueza Julieta Makintach enfrenta cargos por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa vinculada al documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, que dejó el proceso judicial anulado.
Jueza del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Isidro, Julieta Makintach fue formalmente imputada por cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de deberes como funcionaria pública, malversación y peculado de servicios. Las denuncias surgen tras la investigación sobre su rol en la realización del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, que dirigía mientras se filmaba el proceso.
Según la Fiscalía, a cargo de Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, Makintach aceptó una propuesta comercial de su amiga María Lía Vidal Alemán para llevar adelante el proyecto audiovisual. La magistrada, bajo la promesa de obtener beneficios económicos futuros por regalías o inversiones, permitió la filmación del juicio de manera irregular, haciendo uso indebido de recursos públicos y privilegiando intereses personales sobre la imparcialidad del tribunal.
Esta actuación derivó en la declaración de nulidad del juicio oral, debido a que la jueza comprometería la transparencia y la independencia del proceso judicial. Además, el jurado de enjuiciamiento bonaerense admitió la acusación contra Makintach y ordenó su suspensión preventiva con una reducción del 40% de su salario mientras se investiga una posible destitución
La defensa de la jueza cuestiona la imputación y sostiene que la filmación no violó normas judiciales, argumentando que el hecho era conocido por las partes y no comprometió el desarrollo del debate. Sin embargo, el procurador general bonaerense Julio Conte Grand destacó que las conductas de Makintach constituyen un mal desempeño grave que justifica el enjuiciamiento político.
El proceso en curso seguirá con una audiencia preliminar para definir las pruebas y el desarrollo del juicio político. La renuncia que presentó Makintach en junio pasado no fue aceptada y quedó suspendida hasta la resolución del caso.
La situación genera un impacto relevante en la justicia argentina, planteando preguntas sobre la ética y la gestión judicial, y sobre la necesidad de garantizar procesos transparentes.
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