Dos sentencias judiciales diferentes han redefinido la situación política del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Por un lado, una decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) lo ha inhabilitado políticamente, y por otro, una condena de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) lo sentenció a prisión. Estos dos fallos, que implican consecuencias distintas, demuestran la gravedad de los cargos que enfrenta el exmandatario.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) inhabilitó a Bolsonaro para postularse a cualquier cargo público hasta el año 2030. Esta decisión no es una condena penal, sino una sanción por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación.
En diálogo con “La Redacción”, Manuel Quilarque, explicó que, si bien la decisión era esperada, el fallo marca un precedente en el sistema institucional brasileño. Explicó que si bien hubo críticas que calificaron el proceso como espectáculo mediático, la mayoría lo percibió como un avance en la rendición de cuentas.
La condena del Supremo Tribunal Federal
De manera paralela, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por complot golpista. La sentencia, votada 4 a 1, responsabiliza al expresidente por intento de golpe de Estado, crimen organizado y daños al patrimonio público. Los magistrados Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes votaron a favor de la condena.
El juez Luiz Fux fue el único en pronunciarse por la absolución, argumentando que no había pruebas suficientes que vincularan directamente a Bolsonaro con los actos del 8 de enero de 2023. Fux sostuvo que los ataques verbales al sistema electoral, por sí mismos, no constituían un delito.
El fallo del STF establece una de las condenas más altas para un exmandatario en la historia de Brasil. Además de Bolsonaro, otros siete implicados en el complot, entre ellos exministros y figuras militares como Walter Braga Netto y Anderson Torres, también recibieron penas de prisión.