La Justicia federal investiga a las autoridades de la ANMAT y el INAME por presuntas irregularidades en la supervisión de laboratorios vinculados a Ariel García Furfaro, productor del lote contaminado que provocó más de 97 muertes. Se ordenaron siete allanamientos en domicilios y oficinas oficiales.
El juez federal Ernesto Kreplak encabeza una investigación para determinar responsabilidades por fallas y omisiones en el control de laboratorios relacionados con la producción de un lote contaminado de fentanilo. Este medicamento adulterado se vinculó a la muerte de casi 100 pacientes, ocurrida tras su uso.
En el marco del proceso, se ordenaron siete allanamientos, entre ellos los domicilios de Nélida Agustina Bisio, titular de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). También se revisaron sedes oficiales relacionadas con la fiscalización de las empresas involucradas, como Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group SA, propiedad de Ariel García Furfaro.
El expediente ha detallado más de 100 irregularidades registradas entre 2018 y 2025 en las plantas de producción vinculadas. Se detecta contaminación microbiana, partículas extrañas en medicamentos, rotulados erróneos, uso de envases no autorizados y fallas en procesos productivos y documentales.
Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), firmado por los fiscales Sergio Leonardo Rodríguez y Vanina Lorena Krüger, señala la “ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes” y advierte que esa negligencia generó un riesgo sanitario “inadmisible”. Se destaca además que la confianza del público en el sistema de salud fue afectada y el mercado farmacéutico sufrió alteraciones graves.
La investigación busca comprobar si el titular de la ANMAT mantuvo reuniones con García Furfaro en momentos claves, cuando su laboratorio enfrentaba múltiples desvíos de calidad y medidas regulatorias para inhibir la producción. Según declaraciones judiciales, el empresario afirmó haberse reunido con Bisio en enero de 2025, poco antes de la fabricación del lote contaminado, fechado el 18 de diciembre de 2024.
Tras las revelaciones de demoras en la actuación del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó fue desplazada y reemplazada por Gastón Morán, bioquímico con perfil técnico y carrera en el área, encargado de fortalecer la función regulatoria.
Durante el período investigado, el sistema de control notificó irregularidades y órdenes de retiro de mercado que no siempre se cumplían oportunamente, generando situaciones de riesgo sanitario.
Entre los casos denunciados se mencionan lotes contaminados de clindamicina y metronidazol, detectados en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy. Estos informes documentan la presencia de partículas extrañas, contaminación microbiana visible y hongos en productos comercializados.
Los allanamientos también alcanzaron a otros funcionarios de áreas técnicas y de fiscalización, implicados en posibles omisiones o conductas reprochables, según la Procuraduría.
El entramado judicial expone fallas sistemáticas en la supervisión estatal sobre la fabricación y distribución de medicamentos, con consecuencias fatales. Se investiga si estas deficiencias respondieron a negligencia, desidia o decisiones con posibles encubrimientos.
Por su magnitud y gravedad, el caso destaca la urgente necesidad de reforzar los controles regulatorios, resguardar la salud pública y restablecer la confianza en las instituciones.
La causa aún está en desarrollo con nuevas diligencias y análisis de pruebas digitales intentando esclarecer eventuales responsabilidades penales. La resolución del proceso marcará un precedente en la vigilancia sanitaria y la transparencia en el mercado farmacéutico.
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