Luego del rechazo al veto presidencial en el Senado, que promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027, la administración de Javier Milei evalúa una estrategia jurídica para no implementar totalmente la normativa y preservar el ajuste fiscal que plantea.
La reciente ratificación por parte del Senado argentino de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece medidas hasta el 31 de diciembre de 2027 para garantizar derechos y financiamiento del área, ha puesto al Gobierno de Javier Milei en un escenario complejo.
Pese a la promulgación automática de la normativa tras el rechazo del veto presidencial, el Ejecutivo ha optado por no reasignar aún las partidas presupuestarias necesarias para su implementación ni actualizar los nomencladores correspondientes, según la Decisión Administrativa 23/2025 publicada el 11 de septiembre.
Fuentes oficiales confirman que el presidente Milei habría expresado en reuniones privadas su intención de “defender el equilibrio fiscal en todas las instancias”, y que su administración trabaja en la judicialización de la ley. La justificación principal para esta estrategia se basa en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a especificar la fuente de financiamiento para leyes que autorizan gastos no previstos en el presupuesto general.
El vocero presidencial Manuel Adorni detalló que la aplicación de la ley podría incrementar el gasto en aproximadamente 5.000 millones de dólares anuales, y que la Casa Rosada evalúa cómo abordar esta situación sin comprometer el rigor fiscal planteado desde el inicio de la gestión.
A diferencia de esta postura, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, comunicó que ya se está trabajando en la reglamentación de la ley, mostrando una posible tensión interna en el Ejecutivo.
Organizaciones de prestadores y legisladores de la oposición, entre ellos la diputada Victoria Tolosa Paz, exigen la efectiva reasignación de fondos y advertencias sobre posibles denuncias penales por incumplimiento de deberes si los pagos no se efectivizan pronto.
La ley incluye medidas para actualizar aranceles, garantizar pensiones no contributivas por discapacidad, fortalecer la ANDIS y promover el modelo social de discapacidad. También redefine la discapacidad acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con obligaciones de consulta con la comunidad afectada.
El debate continúa abierto y el escenario legislativo y judicial podría definir la eficacia real del marco normativo en los próximos meses.
El abogado Alejandro Henríquez y el líder José Pérez recibieron tres años de prisión excarcelable tras un proceso abreviado este miércoles. Los activistas, considerados presos de conciencia por la ONU, aceptaron cargos de resistencia para obtener su libertad condicional.
Juan Alberto Rodríguez, de 62 años, murió apuñalado por su hermano en Banda del Río Salí tras discutir la venta de una casa familiar. El agresor confesó el hecho y entregó el arma.
Biffle ganó 19 carreras en la Cup Series y acumuló 56 victorias en las tres principales divisiones de NASCAR.
La Justicia argentina resolvió que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi pasarán Navidad con el futbolista en Buenos Aires. El juez priorizó la agenda del padre pese a reclamos de la madre. La conductora suspendió las grabaciones de su programa tras conocer el fallo judicial.
El Ejército colombiano reportó al menos siete soldados muertos y 32 heridos tras un asalto con explosivos y disparos al batallón de Aguachica, en el Cesar, la noche del jueves 18 de diciembre. El frente Camilo Torres del ELN reivindicó el golpe en medio de un paro armado nacional que paralizó vías clave.
Luisa Vicenta Caporalini, de 89 años, fue hallada maniatada en su vivienda de Almirante Brown. La policía capturó a un hombre de 30 años tras encontrar en su heladera los alimentos que habían sido robados a la víctima.
La Municipalidad de Maipú lanzó este jueves la campaña “Yo festejo sin pirotecnia” para desalentar su uso en las Fiestas de fin de año. El intendente Martín Zavatarelli encabezó el anuncio en el departamento mendocino, donde rige una ordenanza municipal desde 2014 que prohíbe estos artefactos.
El delantero colombiano firmará su llegada a Boca en los próximos días.
