El presidente Javier Milei vetará la ley que regulaba la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional(ATN), medida impulsada y aprobada por los gobernadores en el Congreso. La decisión, comunicada por Manuel Adorni , ocurre en un contexto de búsqueda de diálogo entre el Ejecutivo y las provincias.
El Poder Ejecutivo envió al Senado la comunicación oficial del veto de la ley que reglamentaba el reparto automático y coparticipable de los ATN, instrumento presupuestario clave para asistir a las provincias en situaciones de emergencia financiera. El decreto lleva la firma del presidente Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
El argumento central del veto es que la ley sancionada “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional”, privando al Estado de una herramienta para decisiones rápidas ante crisis imprevistas. El instrumento no es considerado una discrecionalidad arbitraria sino una necesidad para asignar recursos diferenciadamente según la situación de emergencia que se presente.
Este veto se da luego de que el Gobierno iniciara una ronda de diálogo con gobernadores aliados y opositores, buscando recomponer la relación tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires. El ministro del Interior, Guillermo Catalán, encabezó reuniones con varios jefes provinciales para destrabar diferencias derivadas de la suspensión de obra pública y reparto de recursos.
Sin embargo, el veto a la ley que unía a mandatarios opositores y aliados evidencia las tensiones persistentes entre la Casa Rosada y las provincias en la gestión de recursos y la autonomía financiera provincial.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue uno de los primeros en expresar su rechazo, calificando la medida como un “desprecio” y “ataque” a las provincias. En sus declaraciones señaló que estos recursos son legítimamente provinciales y que el veto afecta directamente la economía local, afectando servicios esenciales en educación, salud, seguridad y obra pública.
Ziliotto pidió que, ante el impacto económico y social gravoso, se mantenga la exigencia para defender los derechos provinciales y cuestionó la narrativa oficial de equilibrio fiscal utilizada para justificar el veto.
El veto de Milei a esta ley abre un debate sobre la centralización de recursos y la autonomía provincial en Argentina, tensionando un federalismo que se enfrenta a retos económicos y políticos agravados por la crisis y polarización.
Este escenario exige análisis profundos y discusiones que exploren por qué y cómo se distribuyen fondos públicos, buscando un equilibrio entre acción rápida del Ejecutivo y garantías para las provincias.
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