Investigación y principales sospechosos
El principal foco de la investigación apunta al abogado y empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, y a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Justicia analiza si hubo una operación de inteligencia ilegal detrás de la filtración de los audios.
El fiscal Stornelli descartó la posibilidad de vulnerar el secreto de las fuentes periodísticas, ratificando la inviolabilidad del domicilio y las protecciones constitucionales al periodismo. En las declaraciones, tanto Rial como Federico invocaron el derecho a resguardar su fuente, por lo que el fiscal no indagó más sobre la procedencia de las grabaciones.
En paralelo, Federico está involucrado en otra causa que investiga un posible circuito de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina, expediente en el que también aportó material auditivo al fiscal Franco Picardi.
Escenario político y judicial
El caso despertó fuerte atención pública por la precedencia de grabaciones ilegales supuestamente obtenidas contra otro exfuncionario, Diego Spagnuolo, que describía un entramado de supuestas coimas vinculadas a la hermana y secretaria del presidente Javier Milei, también mencionando al exdiputado Eduardo “Lule” Menem.
El fiscal Stornelli considera que todos estos audios podrían formar parte de una misma saga ilícita y abrió la investigación con esa hipótesis. También solicitó informes a la Inspección General de Justicia para determinar la composición societaria del canal Carnaval, primer medio en publicar los audios.
El proceso judicial sigue su curso bajo fuerte atención pública y mediática, con periodistas involucrados como testigos clave y una acusación que plantea preguntas sobre espionaje ilegal y manipulación política. El debate se mantiene abierto sobre el alcance y consecuencias de estas filtraciones en el sistema democrático y la opinión pública.