El Jefe de Terapia Intensiva, Mauro García, advirtió sobre el desmantelamiento de equipos especializados desde que comenzó el conflicto, agudizado por el veto del presidente.
El Jefe de Terapia Intensiva, Mauro García, advirtió sobre el desmantelamiento de equipos especializados desde que comenzó el conflicto, agudizado por el veto del presidente.
Por la crisis que atraviesa, el Hospital Garrahan atraviesa una crisis inédita que amenaza con desmantelar equipos especializados y poner en riesgo la atención de miles de niños.
Así lo advirtió el médico Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, quien señaló: “Desde hace más de 18 meses que el Hospital Garrahan viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores. Muchos de los que conformaban los equipos especializados tomaron la resolución de irse del hospital. Esto es lo que más nos preocupa”.
García explicó que la Ley de Emergencia Pediátrica, recientemente vetada por el Gobierno, buscaba actualizar los salarios a fines de 2023 y compensar la inflación. “La ley lo que hace básicamente es traer nuestros sueldos a finales del 2023 y darnos lo que correspondería por el ajuste inflacionario. No es una gran cantidad de dinero, pero lograría compensar algo de todo esto”, detalló en diálogo con Radio Rivadavia.
El jefe de Terapia Intensiva enfatizó que la pérdida de profesionales altamente capacitados afecta de manera crítica el funcionamiento del hospital: “Ayer contabilizamos 245 renuncias desde que comenzó el conflicto. En oncología, por ejemplo, había cinco puestos para ocupar y se ocupó uno solo. Este hospital atiende el 40% de los pacientes oncológicos del país. Estamos preocupados por el futuro”.
Además, García alertó sobre la precarización laboral de los médicos en formación: “En terapia intensiva nos ofrecieron contrato de locación. Un médico que estudió medicina, pediatría y terapia intensiva, después de todo ese esfuerzo, va a hacer una guardia de domingo sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencia. Es el peor momento en mis 27 años en el hospital y en los 38 que tiene de vida”.
Sobre la situación de los residentes, explicó que muchos optaron por la beca institucional frente a la oferta del Ministerio, a pesar de perder derechos laborales y antigüedad: “Les ofrecían 800.000 pesos en la beca ministerio y 1.300.000 en la institución, pero no van a tener recibo de sueldo ni antigüedad, y las licencias dependen de la jefatura. Esto refleja la precarización que estamos viviendo”.
Respecto a las gestiones legislativas, García destacó el trabajo previo al veto presidencial: “Nos reunimos con diputados y gobernadores, enviamos cartas, porque la salud pública es fundamental. Este país no puede funcionar sin salud pública. Si el veto persiste, recurriremos a la judicialización, aunque sabemos que es de largo aliento”.
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