Casi una década después del acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz condenó a siete exjefes de las FARC a ocho años de penas alternativas por secuestros masivos, con tareas restaurativas y restricciones a la movilidad.
Casi una década después del acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz condenó a siete exjefes de las FARC a ocho años de penas alternativas por secuestros masivos, con tareas restaurativas y restricciones a la movilidad.
En un hito sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia emitió este martes 16 de septiembre su primera sentencia contra la última cúpula de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Siete exjefes rebeldes, incluido el excomandante Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fueron condenados a ocho años de penas alternativas a la prisión, máxima sanción prevista en el acuerdo de paz firmado en 2016, por su responsabilidad en el secuestro de más de 21.000 personas durante el conflicto armado de casi cinco décadas.
Los condenados deberán cumplir un régimen de restricciones a la movilidad y participar en proyectos de reparación y dignificación de las víctimas, entre ellos la colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas y la concreción de acciones de desminado humanitario en las regiones afectadas por el conflicto. Además, formarán parte de eventos de memoria para que no se repitan estos crímenes.
El tribunal valoró que el secuestro fue una política sistemática y planificada, cuyos efectos generaron heridas profundas en las familias y comunidades colombianas. La sentencia fue calificada por el presidente de la JEP como un paso histórico hacia la verdad y la reparación para las más de 4.200 víctimas reconocidas en este proceso .
Entre los sentenciados figuran además Rodrigo Granda, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, líderes que aceptaron su responsabilidad en 2022 y que forman parte del partido político Comunes, surgido de la desmovilización guerrillera .
La condena, que ha generado controversias en distintos sectores, establece la ejecución de penas simbólicas pero supervisadas por la ONU y con monitoreo tecnológico, en línea con los beneficios procesales otorgados por el acuerdo de paz. Mientras, políticos y paramilitares implicados en crímenes similares también se encuentran bajo investigación y sometidos a procesos que buscan justicia transicional
Durante años, las extintas FARC utilizaron el secuestro como instrumento de control territorial y financiación, sediendo a militares, policías, empresarios y políticos reconocidos como Ingrid Betancourt, cuyo cautiverio estremeció a la comunidad internacional. Este método de guerra dejó cicatrices imborrables y fue denunciado repetidamente por organizaciones de derechos humanos .
A pesar del avance judicial, el fenómeno del secuestro persiste en Colombia, incrementándose un 82% este año respecto al anterior según informes policiales, debido a la actividad de grupos armados ilegales que continúan en disputa por el control territorial.
La sentencia reafirma el compromiso de Colombia con un modelo de justicia transicional que busca equilibrar la verdad, la reparación y la no repetición, aunque el desafío a largo plazo será mantener la paz y consolidar la reconciliación en una sociedad marcada por décadas de conflicto armado.
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