La Legislatura bonaerense busca regular los precios de los combustibles para proteger a los consumidores

Se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para transparentar los aumentos de combustibles. La iniciativa exige a las petroleras un aviso de 72 horas para cualquier suba, y busca proteger a los consumidores de los incrementos sorpresivos.

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La Legislatura de la provincia de Buenos Aires ha comenzado a tratar un proyecto de ley que busca generar una mayor transparencia en el mercado de combustibles. La iniciativa, impulsada por el bloque de Fuerza Patria y con un fuerte respaldo del sector que responde a Sergio Massa, establece la obligación de informar con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios de la nafta, el gasoil y el gas natural comprimido. La propuesta es vista como una herramienta para defender a los consumidores de los “aumentos sorpresivos” que, según los legisladores, afectan directamente a la economía de las familias y de los trabajadores.

El proyecto de ley, que tiene como objetivo garantizar el “derecho de los consumidores a contar con información adecuada y veraz”, establece que las petroleras deberán notificar a la autoridad de aplicación provincial cualquier modificación en sus precios con 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio tendrán la obligación de publicitar esos cambios en cartelería visible y en sus canales digitales con un plazo no menor a 48 horas. La diputada Ayelén Rasquetti, la autora del proyecto, defendió la iniciativa al argumentar que “los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”.

Un marco legal para regular un mercado desregulado

El proyecto de ley busca llenar un “vacío normativo” que, según los legisladores, se generó a nivel nacional con la derogación de la obligación de informar los aumentos de combustibles. En este sentido, la provincia busca recuperar sus facultades para defender a los consumidores, apoyándose en la Constitución Nacional y en la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”. El texto, de hecho, cita varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar la potestad provincial de controlar sus recursos naturales y el derecho de los ciudadanos a contar con información veraz.

Para garantizar el cumplimiento de la ley, la norma establece un esquema de sanciones. Las petroleras que no informen los cambios en tiempo y forma podrán enfrentar multas equivalentes a entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper, y en caso de reincidencia, se contempla la suspensión de la habilitación comercial. Por su parte, las estaciones de servicio podrían recibir multas equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta. La decisión de establecer las multas en litros de nafta busca que estas se actualicen de manera automática con la inflación, lo que garantiza que la norma conserve su capacidad de disuasión a lo largo del tiempo.

Un debate sobre el rol del Estado y la protección del consumidor

El proyecto de ley no es solo una medida regulatoria, sino una declaración política sobre el rol del Estado en la economía. En un contexto de fuerte debate sobre la desregulación, la propuesta del massismo busca “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos”. Ayelén Rasquetti arremetió contra las empresas al asegurar que los “bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”. La iniciativa busca instalar en la agenda legislativa bonaerense un tema sensible para consumidores y empresas, en un momento en el que el precio de los combustibles es un factor determinante para el transporte y la producción.

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