La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Cristina Kirchner y otros condenados deberán pagar un decomiso actualizado cercano a los 685.000 millones de pesos por la causa Vialidad, tras rechazar el recurso de la defensa.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Cristina Kirchner y otros condenados deberán pagar un decomiso actualizado cercano a los 685.000 millones de pesos por la causa Vialidad, tras rechazar el recurso de la defensa.
La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó unánimemente el decomiso impuesto a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. El monto confirmado asciende a $684.990.350.139,86. Esta cifra actualizada resultó de aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cálculo original, que había establecido el Tribunal Oral Federal N°2 en 84.835 millones de pesos.
Este fallo avala el proceso de ejecución iniciado por el tribunal de primera instancia y respalda la postura fiscal y judicial sobre la actualización del decomiso como pena accesoria derivada del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La defensa de la expresidenta objetó la utilización del IPC para actualizar el monto, argumentando que esta elección vulneró el derecho de defensa y careció de justificación suficiente. Señalaron que el fallo convirtió una estimación provisional en un cálculo definitivo no debatible, afectando las garantías procesales.
Además, aportaron cálculos propios que sugerían un decomiso mucho menor, cercano a los 42.494 millones de pesos, basados en criterios alternativos de actualización. Sus defensores también cuestionaron la competencia del tribunal penal para ejecutar la medida y defendieron la falta de bienes de la imputada que justifiquen la medida.
El fiscal general Mario Villar fundamentó la confirmación del decomiso en que esta es una sanción accesoria al delito principal, reiterando que el perjuicio para la Administración Pública debe repararse en términos económicos actualizados. Recordó que el monto y la metodología han sido inspeccionados y validados en instancias previas, incluida la Corte Suprema, por lo que el fallo alcanza firmeza y autoridad.
La Cámara rechazó otros planteos de nulidad de la defensa y sostuvo que la actualización basada en el IPC es una técnica razonable, que preserva el valor real del beneficio ilícito frente a la inflación.
Esta resolución representa un nuevo capítulo en la ejecución de medidas judiciales contra condenados por corrupción con impacto político y social. La decisión refuerza la continuidad de los procesos judiciales y obliga a los involucrados a responder económicamente por los delitos cometidos.
No obstante, el debate sobre las herramientas técnicas para determinar montos actualizados expone tensiones entre criterios jurídicos y financieros, que deben ser resueltas con apego a la ley y las garantías procesales.
Así, el sistema judicial enfrenta el desafío de equilibrar la efectividad en la reparación del daño con el respeto integral a los derechos de las partes en casos complejos y mediáticos.
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