La Legislatura bonaerense aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares en escuelas primarias. La norma busca reducir las distracciones en el aula, pero enfrenta la resistencia de funcionarios. La medida se ve como una oportunidad para las empresas de tecnología educativa.
La Legislatura bonaerense ha aprobado un proyecto de ley que prohibirá el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con pantallas en las aulas de las escuelas primarias. La norma, que tiene como objetivo “proteger la atención de los estudiantes y promover un uso responsable de la tecnología desde la infancia”, se convertirá en un nuevo desafío para las empresas de tecnología educativa y una oportunidad para la innovación. A pesar de que la ley no prohíbe el uso de los dispositivos con fines pedagógicos, la restricción del uso libre de celulares abre un debate sobre la forma en que la tecnología debe ser integrada en las aulas.
La decisión de la Legislatura de Buenos Aires, que se convierte en la cuarta jurisdicción argentina en tomar una medida similar, es un reflejo de una preocupación creciente por el impacto de los dispositivos en el aprendizaje de los niños. Según datos del informe PISA 2024, Argentina registra el mayor nivel de distracción en clase por el uso de celulares, con más de la mitad de los estudiantes de 15 años que admiten perder la concentración. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, por su parte, reveló que el 31% de los chicos consultados reconoce que el uso del teléfono afecta su rendimiento escolar.
A pesar de que el proyecto, que fue impulsado por la senadora Lorena Mandagarán y el senador Emmanuel Santalla, cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques, el director general de Escuelas de la Provincia, Alberto Sileoni, ha manifestado su “incómoda resistencia” a la medida. En agosto del año pasado, cuando se implementó una medida similar en la Ciudad de Buenos Aires, Sileoni había afirmado que imponer restricciones rígidas podría ser “contraproducente” y que el uso de la tecnología debería ser una “oportunidad pedagógica”.
La Legislatura bonaerense, sin embargo, ha desoído las advertencias del funcionario. La ley, que tiene un plazo de 180 días para ser reglamentada, establece que los alumnos de primaria podrán hacer uso de los dispositivos electrónicos “solo a efectos de dar cumplimiento a los objetivos pedagógicos”, con la “autorización explícita del docente”. Esto significa que el uso del celular en las aulas queda restringido a una herramienta educativa, y no a un medio de entretenimiento.
El sector de la educación privada ha recibido con buenos ojos la decisión de la Legislatura. Martín Zurita, secretario Ejecutivo de la Asociación de Institutos Privados de Argentina (AIEPA), afirmó que el gremio siempre expresó su preocupación por el consumo creciente de pantallas en la infancia. Zurita, sin embargo, cree que el verdadero valor de la ley no está en la prohibición, sino en el “mensaje hacia las familias”: las pantallas pueden ser riesgosas y deben ser administradas con cuidado.
La nueva ley de la provincia de Buenos Aires, en definitiva, abre un nuevo mercado para las empresas de tecnología educativa. La restricción del uso libre de celulares en las aulas obligará a las empresas a innovar y a desarrollar nuevas soluciones tecnológicas que se adapten a las necesidades pedagógicas de los docentes. La ley, en este sentido, no es un paso atrás para la tecnología, sino una oportunidad para que el sector se adapte a un nuevo modelo de educación que prioriza la atención de los estudiantes y su desarrollo emocional.
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