Este lunes inició en Avellaneda el juicio contra Juan Alberto García Tonzo, acusado de disparar y matar al niño Bastián Escalante, de 10 años, en julio de 2024 durante un tiroteo en Wilde. La fiscalía pide prisión perpetua por homicidio con dolo eventual.
El Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda comenzó el proceso judicial por el asesinato de Bastián Escalante, un niño que murió en plena calle durante un enfrentamiento armado protagonizado por el policía Juan Alberto García Tonzo. El hecho ocurrió en julio de 2024 en Wilde, cuando tres delincuentes intentaron robarle la moto al agente, que estaba de civil y esperaba a su hija frente a una escuela de fútbol donde Bastián había asistido.
El juicio se desarrolla con un jurado popular conformado en la sede judicial situada en Carlos Pellegrini y Mariano Ferreyra. La causa establece que el oficial efectuó once disparos en la vía pública, de los cuales dos impactaron fatalmente en el menor, quien falleció en brazos de su madre, Johana Montoya, testigo presencial del ataque.
Juan Alberto García Tonzo está imputado por homicidio con dolo eventual y exceso en legítima defensa. La fiscal Mariela Montero sostiene que el policía disparó sin medir las consecuencias, incluso cuando los sospechosos ya huían y no representaban un peligro inminente, desatando un tiroteo que culminó con la muerte del niño.
La querella, representada por el abogado Matías Morla, reclama la pena máxima: prisión perpetua por homicidio agravado por uso de arma y por tratarse de un caso cometido por un agente de seguridad. Alegan responsabilidad plena del imputado, quien miró hacia dónde disparaba y optó por continuar disparando desde su posición parapetada, según se denuncia en la apertura del juicio.
El testimonio de Johana Montoya resulta fundamental para la causa. La madre relató cómo recibió al menor tras el disparo mortal y su búsqueda por justicia se ha convertido en un llamado social para que el caso sirva como ejemplo y prevención del uso desmedido de la fuerza policial.
El juicio ha puesto nuevamente en discusión el accionar de fuerzas de seguridad en contextos urbanos y la necesidad de protocolos estrictos para evitar tragedias evitables. La comunidad de Wilde sigue pendiente de la sentencia en un duelo que se extiende desde el hecho, que generó indignación y conmoción.
Este debate judicial invita a reflexionar sobre los límites y responsabilidades en el uso legítimo de armas por parte de agentes policiales y el impacto de sus decisiones en la vida de civiles inocentes. El veredicto, en las próximas jornadas, podrá marcar un precedente en la justicia penal argentina respecto a estos casos.
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