Legisladores de Encuentro Federal y referentes opositores presentan proyecto por suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Alegan nulidad de decreto, incumplimiento legal y violaciones constitucionales.
Legisladores de Encuentro Federal y referentes opositores presentan proyecto por suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Alegan nulidad de decreto, incumplimiento legal y violaciones constitucionales.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, junto a los diputados Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, formalizó un proyecto de resolución para citar e interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura. El pedido se basa en el incumplimiento del Ejecutivo respecto a la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero suspendida mediante el Decreto 681/2025.
El proyecto especifica varias causales para la moción, entre ellas: la nulidad e ilegalidad del decreto que suspende la ley, el incumplimiento de legislación vigente —incluyendo la Ley 27.793 y la Ley 24.156—, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias. Cada causal será tratada de forma independiente en el pleno, donde se debatirá y votará.
Este mecanismo está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece un procedimiento para que el Congreso pueda interpelar a funcionarios del Poder Ejecutivo, con la posibilidad de removerlos mediante mayoría absoluta. Sin embargo, la responsabilidad política no alcanza al Presidente, únicamente al funcionario cuestionado, en este caso el jefe de Gabinete.
La ley suspendida había sido aprobada tras superar un veto del Ejecutivo en agosto, pero su implementación fue postergada para revisar su financiamiento dentro del Presupuesto 2026. Paralelamente, se dictó una decisión administrativa que reasignó fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ampliando el presupuesto para actualizar pagos a prestadores en el sistema de prestaciones básicas.
La oposición argumenta que la suspensión priva a las personas con discapacidad de derechos fundamentales y representa un conflicto entre la planificación financiera y la protección social. La iniciativa legislativa refleja, además, una profundización del control político y jurídico sobre la gestión ejecutiva en un contexto de tensión entre poderes.
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