El Gobierno promulgó la Ley 27.793 que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026, pero condicionó su aplicación a que el Congreso garantice el financiamiento. La medida abre un nuevo capítulo en la disputa entre Ejecutivo y Legislativo por los recursos para personas con discapacidad.
Este lunes, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma, largamente demandada por organizaciones y sectores vinculados a personas con discapacidad, busca garantizar derechos, fortalecer el financiamiento y mejorar las prestaciones sociales y médicas.
Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley quedó “en suspenso”. Según el Decreto 681/2025 publicado en el Boletín Oficial, la ejecución queda condicionada a que el Congreso informe las partidas presupuestarias específicas para garantizar los recursos que permitan cumplir con las obligaciones establecidas.
Esta situación refleja la tensión persistente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre el ajuste de fondos en el área de discapacidad. Recordemos que la ley había sido vetada en agosto por el Gobierno, pero el Congreso logró revertir ese veto con mayoría calificada en ambas cámaras.
De acuerdo con el Ejecutivo, el debate sobre el financiamiento debe darse en el marco del Presupuesto Nacional 2026, enviado recientemente al Congreso. En este contexto, la administración busca asegurar la coherencia presupuestaria y la planificación fiscal adecuada antes de autorizar los gastos adicionales.
Por otro lado, una Decisión Administrativa reciente reasignó $121.363 millones a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar pagos a prestadores y fortalecer algunas prestaciones a partir de octubre, aunque esta medida no sustituye el presupuesto que exige la ley.
Para los sectores vinculados a las personas con discapacidad, esta demora en la aplicación efectiva de la emergencia es un signo de preocupación y una muestra más de la dificultad para garantizar derechos fundamentales frente a un ajuste económico que impacta especialmente en los sectores más vulnerables.
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