La modelo Carolina Pampita Ardohain sufrió un robo en su casa de Barrio Parque mientras estaba en España. Tras el hecho, pudo recuperar cuatro teléfonos con imágenes personales que le causaron gran emoción.
La modelo Carolina Pampita Ardohain sufrió un robo en su casa de Barrio Parque mientras estaba en España. Tras el hecho, pudo recuperar cuatro teléfonos con imágenes personales que le causaron gran emoción.

La residencia de Carolina Pampita Ardohain, ubicada en el exclusivo Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires, fue blanco de un robo durante el pasado fin de semana. La modelo y conductora se encontraba fuera del país cumpliendo compromisos laborales en España cuando delincuentes ingresaron a su propiedad y sustrajeron objetos de valor, entre ellos varios teléfonos celulares y una caja fuerte con dinero en efectivo.
La investigación del hecho está en curso y fue confirmada por el abogado de Pampita, Fernando Burlando, quien detalló que el grupo de ladrones actuó de manera organizada. De acuerdo con las autoridades, entre seis y siete personas participaron en el hecho, que se prolongó durante aproximadamente seis horas, tiempo en el que los delincuentes forzaron la entrada trasera y revisaron la totalidad de la vivienda.
El modus operandi apuntaría a profesionales del delito, dada la precisión y tranquilidad con la que operaron, incluso consumiendo golosinas y bebidas en el lugar.
El acto delictivo causó gran conmoción familiar por los objetos sustraídos que tenían valor sentimental. En particular, la recuperación de cuatro de los celulares robados generó una fuerte carga emotiva para Pampita, ya que en esos dispositivos se hallaban fotografías y recuerdos de su hija Blanca, fallecida años atrás. En un momento conmovedor, la figura pública expresaba su alivio y emoción por haber recuperado estos elementos.
Barrio Parque, donde ocurrió el robo, es reconocido como un barrio de alta seguridad debido a la presencia de embajadas, residencias diplomáticas y vigilancia permanente. Sin embargo, este hecho pone en evidencia las vulnerabilidades existentes incluso en zonas consideradas exclusivas y protegidas.
La situación reabre el debate sobre la efectividad de los controles y métodos de seguridad privados y públicos en áreas residenciales de élite, y refleja un problema de inseguridad que afecta a distintos sectores sociales en la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque la investigación avanza, el caso deja una impresión de la fragilidad que puede tener la seguridad doméstica, incluso en barrios custodiados y con alta asistencia policial. Pampita, por su parte, continúa con su rutina afectada pero resuelta a seguir adelante, mientras el episodio suma un capítulo más a la compleja realidad de la inseguridad urbana.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La empresa había solicitado incorporar más posiciones arancelarias al listado de mercaderías eximidas.
Crea un nuevo marco normativo para modernizar la producción, fomentar el empleo e impulsar la investigación en el sector
La decisión fortalece la posición argentina en el litigio por acciones de YPF en tribunales de Nueva York al ratificar la separación entre el patrimonio estatal y el de la petrolera.
Milei utiliza el escándalo de la AFA para disciplinar a una oposición vinculada a Tapia (Kicillof, Zamora, Massa). Entre sospechas de fondos negros y narco, el Gobierno busca aprobar reformas clave y ajustar el dólar ante la falta de auxilio financiero de Trump.
El gobernador Osvaldo Jaldo suspendió la reforma electoral en Tucumán hasta 2026, alegando falta de consenso. La iniciativa, que buscaba limitar acoples e implementar Ficha Limpia, fue duramente criticada por la oposición, que acusa al oficialismo de perpetuar un sistema arcaico.
La Justicia federal investiga a Paola Barritta (ATEPSA) y a la ex funcionaria Gabriela Logatto por presunto fraude contra EANA. Se les acusa de utilizar un acta paritaria inexistente para reclamar judicialmente aumentos millonarios. El expediente analiza si el documento fue fabricado como herramienta de presión política.
La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación.