Ocho niños, entre dos y diez años, fallecieron en una fiesta de cumpleaños en Puerto Príncipe. El ataque ocurrió en una operación con drones contra un líder de banda. Las autoridades investigan responsabilidades y crecen las denuncias por víctimas civiles.
Una operación con drones kamikaze en el barrio Simon Pelé de Cité Soleil, en la capital haitiana, causó la muerte de al menos ocho niños el pasado sábado, informaron medios internacionales como El País, New York Times. La acción buscaba impactar a Albert Steevenson, alias Djouma, presunto líder de una pandilla local, quien celebraba su cumpleaños y repartía regalos a los niños en el momento del ataque.
Además de las víctimas infantiles, seis adultos —entre civiles y supuestos pandilleros armados— también fallecieron y varios resultaron heridos. Según la Red Nacional de Derechos Humanos y reportes oficiales, otros siete heridos permanecen hospitalizados tras el ataque kamikaze. Testigos narraron escenas conmovedoras, como la de la niña Merika Saint-Fort Charles, de cuatro años, que sufrió graves heridas durante la explosión y falleció posteriormente.
Desde marzo de este año, el gobierno haitiano ha implementado drones cargados con explosivos en su estrategia para combatir la violencia de bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe y otras regiones.
Estos dispositivos, suministrados y operados con apoyo de Vectus Global, empresa privada dirigida por Erik Prince, fundador de Blackwater, buscan atacar puntos estratégicos de las organizaciones criminales.
Pese a la intención oficial de desarticular grupos violentos, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití reportó que, entre abril y junio de 2025, al menos 236 personas murieron y 223 resultaron heridas en operaciones con drones, de las cuales seis no eran miembros de bandas armadas. Esto pone en evidencia un alto riesgo de daños colaterales y víctimas civiles, un fenómeno que alcanza un impacto trágico con la actual masacre infantil.
El incidente generó un fuerte cuestionamiento a la falta de claridad sobre quién debe asumir la responsabilidad política y operativa del ataque. Romain Le Cour, director del Observatorio de Haití de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, señaló la ausencia de un comunicado oficial y planteó interrogantes sobre las responsabilidades del primer ministro, el Consejo Presidencial de Transición, las fuerzas policiales y las empresas de seguridad privada involucradas.
Pierre Esperance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, advirtió sobre la necesidad de coordinar estas operaciones con las fuerzas de seguridad para minimizar daños colaterales, mientras denuncia que los líderes de las bandas continúan moviéndose sin ser afectados.
La violencia en Haití ha alcanzado niveles críticos. Desde hace meses, bandas armadas controlan casi el 90% de la capital, poniendo a la población civil en constante peligro. Solo en el segundo trimestre de 2025, la Oficina Integrada de la ONU reportó más de 1.500 muertes vinculadas a enfrentamientos y ataques de pandillas.
La crisis ha generado desplazamientos internos masivos, con más de 1,3 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares y condiciones de vida cercanas a la hambruna. A nivel regional, el ataque con drones se da en un contexto de debate en Naciones Unidas para fortalecer la presencia de fuerzas internacionales que apoyen la restauración del orden y la seguridad.
Las autoridades haitianas enfrentan un desafío complejo para cumplir con la protección de su población y garantizar justicia en un escenario marcado por violencia extrema y ausencia de control efectivo.
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