Un testigo paraguayo entregó al fiscal del caso AMIA documentos que revelan transferencias millonarias hacia Ali Hussein Abdallah, acusado de apoyo a Hezbollah y relacionado con el atentado a la mutual judía en 1994. La pesquisa involucra triangulaciones financieras y actividades en Paraguay y Panamá.
La causa AMIA sumó un nuevo capítulo tras la entrega de documentación por parte de un testigo paraguayo al fiscal Sebastián Basso, a cargo de la investigación del ataque terrorista que causó 85 muertos en 1994. Los documentos, provenientes de la empresa financiera SAFIO, controlada por la familia Rachid Lichi de Asunción, revelan transferencias millonarias que habrían financiado a terroristas vinculados a Hezbollah en la región de la Triple Frontera, según fuentes judiciales.
David Rachid Lichi, miembro de esta familia paraguaya de peso político y económico, cruzó la frontera y se presentó en Clorinda para entregar a la Justicia argentina chequeras, boletas y registros con movimientos financieros realizados entre 1989 y 2000. El destino principal de esos fondos fue Ali Hussein Abdallah, un supuesto operador cuya función habría sido brindar cobertura a Salman Raouf Salman, uno de los acusados juzgados en ausencia por coordinar el atentado.
Las transferencias incluían depósitos personales millonarios realizados especialmente en 1994, el año del atentado, con movimientos desde cuentas en bancos como ABN AMRO en montos diarios variables. Además, se investigan maniobras financieras en Panamá que involucran créditos y operaciones con hipotecas relacionadas con la misma familia paraguaya.
Según el fiscal Basso, Abdallah facilitaba la obtención de residencia paraguaya a miembros de Hezbollah para facilitar su movilidad oculta en América Latina. Esta hipótesis de colaboración territorial se confirma con la residencia establecida en Ciudad del Este, donde Salman vivió bajo identidad falsa.
La pesquisa traspasa el foco puntual del atentado y explora el posible financiamiento de redes terroristas a través de estructuras financieras legales en Paraguay. A raíz de esto, se creó en Paraguay un Equipo Conjunto de Investigación que trabaja con autoridades argentinas, ante las denuncias de corrupción e interferencias políticas manifestadas por el testigo.
En esa línea, la familia Rachid Lichi está bajo escrutinio por una disputa interna que motivó la filtración de documentación crítica y acusaciones cruzadas sobre la administración de SAFIO. Mientras tanto, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, deslindó vínculos con las actividades de la empresa.
El caso continúa abierto con fuerte colaboración internacional, en tanto se avanza en esclarecer las redes financieras que facilitaron uno de los ataques terroristas más graves en la historia argentina y regional.
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