La Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad del reclamo de 22.300 millones de pesos que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner. El fallo se fundamenta en la falta de impulso procesal durante más de seis meses, pese a que el caso civil seguía en paralelo a la causa penal …
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó este septiembre el fallo que declara la caducidad del proceso civil iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa. El reclamo, que ascendía a 22.300 millones de pesos, pretendía el resarcimiento de presuntos perjuicios al patrimonio público vinculados a irregularidades en obras públicas adjudicadas en Santa Cruz.
El tribunal integrado por los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi ratificó el fallo de primera instancia del juez Marcelo Bruno Dos Santos, que resolvió la caducidad del caso por la inacción procesal de la parte demandante. La jueza Florencia Nallar expresó una disidencia en su voto.
Según la resolución, el último acto procesal significativo con capacidad para impulsar el trámite data del 17 de marzo de 2023. Desde esa fecha, más de seis meses transcurrieron sin que la DNV tomara medidas para avanzar en la demanda. El periodo consideró exclusiones como ferias judiciales y suspensiones por incidentes procesales.
El tribunal argumentó que corresponde a la parte actora —en este caso el Estado a través de la DNV— impulsar y darle continuidad a la acción. Esta responsabilidad se funda en el principio dispositivo del Código Procesal Civil y Comercial. Ante la falta de impulso, se aplica la figura procesal de caducidad, diseñada para evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales.
Este trámite civil se desarrolló en paralelo a la causa penal por corrupción que culminó con la condena de seis años de prisión a la expresidenta, quien cumple arresto domiciliario. Sin embargo, la caducidad en el ámbito civil no afecta disposiciones penales tales como el decomiso de bienes por un monto aproximado a 685.000 millones de pesos, que sigue vigente.
La defensa de Cristina Kirchner, con el abogado Luis Goldin a la cabeza, solicitó la caducidad argumentando la inacción del Estado nacional durante un prolongado lapso, que abarcó mandatos presidenciales distintos, desde Alberto Fernández hasta Javier Milei.
Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad apeló la sentencia, intentando demostrar que algunos actos procesales habrían interrumpido los plazos, pero la mayoría del tribunal rechazó estos argumentos.
Este fallo pone en relieve los desafíos que afronta la justicia para mantener procesos efectivos y ágiles en causas de alto impacto y complejidad política. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre cómo equilibrar la garantía de los derechos procesales con la necesidad de resolver con celeridad reclamos millonarios vinculados a la corrupción pública.
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