El juez federal Ernesto Kreplak procesó al dueño de HLB Pharma y Ramallo, ligado a la adulteración del fentanilo que causó la muerte de al menos 96 personas. Se dictó un embargo histórico de un billón de pesos.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó al dueño de HLB Pharma y Ramallo, ligado a la adulteración del fentanilo que causó la muerte de al menos 96 personas. Se dictó un embargo histórico de un billón de pesos.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A., en una causa que investiga la adulteración de fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 100 personas. Además, se estableció un embargo récord contra sus bienes por un valor de un billón de pesos, la cifra más alta en esta investigación judicial.
El procesamiento incluye a otras 16 personas, entre directivos y responsables técnicos de las firmas, quienes enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales en concurso con la muerte de pacientes, según el artículo 201 bis del Código Penal.
Las acusaciones detallan la participación de García Furfaro y otros en decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta del lote contaminado, identificado con orden de producción emitida en diciembre de 2024.
El informe preliminar del Instituto Malbrán detectó en las ampollas contaminadas bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, vinculadas a infecciones que agravan cuadros de salud y provocaron las muertes. El juez destacó la falta de controles y la negligencia en los procesos de producción, incluyendo la falsificación de registros para aparentar un control sanitario adecuado.
Entre las irregularidades se encuentra la metodología que agrupaba el análisis de varios lotes en una sola prueba, testimonios de incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, y un plan de muestreo insuficiente para lotes de gran volumen.
Además, la empresa demoró en retirar el producto tras la alerta sanitaria emitida por la ANMAT en mayo de 2025, y clasificó erróneamente el retiro bajo una categoría de bajo riesgo, lo que implicó la continuidad de su distribución.
El procesamiento contempla la prisión preventiva para García Furfaro y otros implicados, y su madre, Nilda García, fue procesada y está en prisión domiciliaria por su estado de salud, en calidad de partícipe necesaria. En total, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión, de comprobarse su responsabilidad penal en esta causa que conmocionó al sector farmacéutico y sanitario.
Estos hechos ponen en foco la responsabilidad empresarial y las fallas regulatorias en la industria farmacéutica, subrayando la importancia del control riguroso de medicamentos críticos para la salud pública.
El caso sigue su curso judicial mientras crece la demanda social de respuestas y de medidas efectivas para evitar tragedias similares en el futuro. Esta causa plantea una reflexión urgente sobre la supervisión estatal y la ética en la producción de medicamentos.
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