La defensa legal argentina presentó en Estados Unidos sus argumentos contra la sentencia que obliga al Estado a entregar acciones de YPF como parte de la condena por la nacionalización de la empresa. Se espera resolución para 2026.
La defensa legal argentina presentó en Estados Unidos sus argumentos contra la sentencia que obliga al Estado a entregar acciones de YPF como parte de la condena por la nacionalización de la empresa. Se espera resolución para 2026.
El Gobierno argentino inició formalmente el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York contra el fallo que lo obliga a pagar US$ 16.000 millones —más intereses acumulados— a Burford Capital, principal beneficiario del litigio por la expropiación de YPF en 2012.
La presentación, realizada por la Procuración del Tesoro junto a un equipo legal estadounidense, se basa en cuatro argumentos centrales. En primer lugar, sostiene que ningún tribunal de Estados Unidos puede obligar a un país soberano a repatriar activos ubicados fuera del territorio estadounidense.
En segundo término, se denuncia que la jueza Loretta Preska aplicó incorrectamente la Ley de Procedimiento Civil del Estado de Nueva York (CPLR 5225) respecto al trato de estos bienes en el extranjero.
Además, invocan la Ley de Inmunidad Soberana, que protege a los Estados de procesos judiciales que vulneren su soberanía, argumentando que obligar la entrega de las acciones de YPF violaría este principio fundamental del derecho internacional.
Por último, la defensa argentina señala las posibles consecuencias diplomáticas negativas para las relaciones con Estados Unidos y otras naciones, alertando sobre un fracaso jurídico y político que abriría un precedente grave en la protección de activos estatales.
Una novedad clave es el apoyo oficial del Gobierno de Estados Unidos, que se presentó en la causa como amicus curiae para respaldar los argumentos argentinos, remarcando los riesgos legales y diplomáticos de aplicar de forma errónea las normas de inmunidad soberana.
El proceso judicial continúa con la fase de presentaciones de las partes prevista para noviembre y diciembre de 2025, y la resolución final podría conocerse durante el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, la orden de entrega de acciones se encuentra suspendida, lo que permite al Estado mantener el control mayoritario sobre YPF.
Este litigio representa un capítulo crucial en la defensa de la soberanía económica argentina y un test para el respeto al derecho internacional en litigios comerciales complejos vinculados a empresas estatales.
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