La violencia contra mujeres vinculada al narcotráfico es una estrategia despiadada de poder y terror. El femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela revela cómo la crueldad se inscribe en los cuerpos de las mujeres en una idea de refeudalización y soberanía territorial.
La violencia extrema contra las mujeres en América Latina es un fenómeno que hemos naturalizado hasta el hartazgo. Pero cuando hablamos de “narcofeminicidio”, no se trata de tragedias aisladas, ni de episodios confusos de violencia de género. Estamos frente a una modalidad brutal de guerra informal donde el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla, y su destrucción en una marca indeleble de poder mafioso sobre territorios y comunidades enteras. No es un daño colateral ni un crimen pasional disfrazado: es una estrategia planificada para infundir terror y someter.
Cómo comenta Rita Laura Segato en su libro “la guerra contra las mujeres” donde desnuda esta verdad con una crueldad necesaria: “La violación y la tortura sexual de mujeres y, en algunos casos, de niños y jóvenes, son crímenes de guerra.” Esta afirmación no es metáfora ni ficción, sino el diagnóstico imparcial de una América Latina donde el narcotráfico y las mafias regentan un “Segundo Estado” paralizante que usa el cuerpo femenino como documento de soberanía y arma arrojadiza. En ese contexto, el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela no puede verse como un hecho aislado ni siquiera como hecho de horror individual sino como la punta visible de una dinámica de muerte organizada que desgarra tejido social, moral y político.
En la lógica de las mafias y el narcotráfico la mujer no es un enemigo armado, sino una víctima elegida para dramatizar y simbolizar la violencia. Segato afirma: “En tiempos de crueldad funcional y pedagógica, es en el cuerpo de la mujer —o del niño— que la crueldad se especializa como mensaje.” El cuerpo femenino se convierte así en la primera colonia de esta guerra brutal: profanado, torturado y destruido para demostrar la soberanía absoluta del crimen organizado en un territorio que el Estado legal no controla ni protege.
Cuando pensamos en Brenda, Morena y Lara, pensamos en más que tres víctimas, pensamos en la exhibición pública de esta pedagogía de la crueldad. Es un acto de terror que lanza una amenaza directa a sus comunidades, destruyendo los lazos de confianza y desangrando el tejido social. Porque al atacar el cuerpo de las mujeres, los grupos mafiosos rajan el alma misma de la sociedad, demostrando que pueden imponerse sin límites, que el horror que producen es funcional a la dominación y que nadie está a salvo.
Pero esta violencia no surge en el vacío ni se mantiene sin complicidades. Esta “Segunda Realidad” que Segato describe tan bien conjuga capital ilícito, redes políticas corruptas y una economía simbólica que blinda los crímenes atroces. “El Estado entrega con una mano lo que ya le sacó con la otra”, advierte la investigadora. No son solo empresarios sino también jueces, policías y políticos quienes mantienen vivos estos pactos invisibles, que permiten que la trata, el narcotráfico y el femicidio se reproduzcan impunemente.
El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela nos interpela directamente sobre esta complicidad estructural. ¿Cuántas veces alguien miró hacia otro lado? ¿Cuántas veces la justicia, la policía o la política mostraron indiferencia o impunidad cuando estas mujeres pidieron ayuda? La brutalidad de este crimen —que no puede llamarse de otra manera que femigenocidio— es la expresión descarnada de un sistema que usa la violencia contra las mujeres como recurso sacrificial para mantener su poder.
Frente a esta realidad, Segato es categórica: “El destino de la sociedad se juega en la capacidad de nombrar y resistir a esta violencia que se inscribe en los cuerpos más vulnerables.” No podemos seguir permitiendo que el dolor sea normalizado y la crueldad institucionalizada. La respuesta debe ser colectiva, férrea y urgente. Es indispensable reconocer el feminicidio ligado al crimen organizado como un problema público y estructural, no como tragedias aisladas o particulares. Basta de minimizar o invisibilizar el sufrimiento.
El caso de Brenda, Morena y Lara es una herida que debe ser espejo y motor para romper la cadena de horror. Que su recuerdo sea faro para una lucha que supere el miedo, que rebele la crueldad imperante y transforme esa pedagogía de muerte en un mandato de vida y justicia. No hay futuro posible sin enfrentar de manera tajante y sin concesiones esta forma de violencia apocalíptica que, a través de la deshumanización de las mujeres, pone en jaque la convivencia misma.
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