Unas 5,8 millones de personas trabajan en la informalidad, careciendo de aportes jubilatorios, obra social y otros derechos laborales básicos, según IIEP, que depende de la UBA y el CONICET.
Unas 5,8 millones de personas trabajan en la informalidad, careciendo de aportes jubilatorios, obra social y otros derechos laborales básicos, según IIEP, que depende de la UBA y el CONICET.
La informalidad laboral en Argentina afecta al 42,4% de los trabajadores, lo que significa que más de cuatro de cada diez personas empleadas no cuentan con los beneficios y la seguridad de un trabajo registrado.
Se trata de un aumento de 1,6 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mismo trimestre de 2024, cuando se registró un 41,6% de informalidad.
Esta cifra representa a 5,8 millones de personas que carecen de aportes jubilatorios, obra social y otros derechos laborales básicos, según detalló el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET.
Aunque el índice de desocupación informado por el INDEC se ubicó en un 6,9%, la calidad del empleo generado sigue siendo una de las principales preocupaciones.
El informe detalla que del total de 13,8 millones de los asalariados, un 35,8% (equivalente a 4,9 millones de personas) se encuentra en la informalidad. Sin embargo, la situación es aún más crítica para los trabajadores por cuenta propia.
De los 4,4 millones de cuentapropistas, un alarmante 74,1% no realiza aportes al sistema de seguridad social, lo que evidencia una precariedad extendida en este sector.
El fenómeno de la informalidad no afecta a todos por igual. Las mujeres y los jóvenes son los grupos más vulnerables. Del total de trabajadores no registrados, 2,6 millones son mujeres, consolidando la brecha de género también en la calidad del empleo.
Analistas económicos señalan que la alta inflación y la falta de crecimiento sostenido son factores que incentivan la informalidad, ya que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, recurren a empleos no registrados para reducir costos.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La empresa había solicitado incorporar más posiciones arancelarias al listado de mercaderías eximidas.
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