Mientras el dólar paralelo se dispara y el Riesgo País se eleva, el oficialismo refuerza controles al mercado cambiario y apuesta a una reunión con Trump para intentar frenar la caída política y económica a días de las legislativas.
Mientras el dólar paralelo se dispara y el Riesgo País se eleva, el oficialismo refuerza controles al mercado cambiario y apuesta a una reunión con Trump para intentar frenar la caída política y económica a días de las legislativas.
El mercado dejó en claro que no cree en la estabilidad del modelo económico. En menos de dos días, el dólar paralelo se acercó peligrosamente al techo de la banda de flotación, mientras el Riesgo País superaba los 1.200 puntos básicos, cifras que disparan alarmas sobre la fragilidad financiera de la Argentina.
En este escenario crítico, el Banco Central y el Ministerio de Economía se vieron obligados a salir a vender dólares para detener la escalada, intentando contener un actor cambiario fuera de control. Sin embargo, estas intervenciones solo lograron detener momentáneamente una tendencia que parece consolidada y cuyo desenlace genera incertidumbre.
El Gobierno fue incluso más allá y promovió un “apagón” en la venta de dólares oficiales a través de las principales billeteras virtuales, lo que generó furor en redes y debates sobre la transparencia de las acciones oficiales. Este freno forzado afectó a miles de usuarios que encontraron cerrado el acceso al dólar oficial en plataformas como Mercado Pago o Cocos Capital, consolidando la percepción de un cepo más rígido encubierto.
Frente a la escalada y las implacables críticas, el oficialismo puso sus esperanzas en una jugada estratégica: anunció con anticipación una reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en Washington, con fecha para el próximo 14 de octubre. Un gesto que intentó instalar confianza en los mercados y en la opinión pública, aunque el efecto esperado no se materializó.
Este movimiento político, en realidad, reveló las dudas profundas sobre la capacidad de evitar una crisis todavía más aguda en la recta final hacia las elecciones legislativas. La cita con Trump, más que una solución, parece el último recurso de un Gobierno que busca sobrevivir a un vendaval político y económico.
Mientras, la estrategia oficial se completa con decisiones polémicas, como la apertura para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina y los acuerdos para la instalación de tropas estadounidenses en suelo nacional, movimientos que avivan tensiones geopolíticas y el rechazo ciudadano.
Esta combinación de restricciones bancarias, apuestas políticas internacionales y medidas estratégicas locales articula el complejo tablero donde se juega el futuro de la economía y la política argentina en los días que vienen.
“La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público”, se indicó.
La empresa había solicitado incorporar más posiciones arancelarias al listado de mercaderías eximidas.
Crea un nuevo marco normativo para modernizar la producción, fomentar el empleo e impulsar la investigación en el sector
La decisión fortalece la posición argentina en el litigio por acciones de YPF en tribunales de Nueva York al ratificar la separación entre el patrimonio estatal y el de la petrolera.
Milei utiliza el escándalo de la AFA para disciplinar a una oposición vinculada a Tapia (Kicillof, Zamora, Massa). Entre sospechas de fondos negros y narco, el Gobierno busca aprobar reformas clave y ajustar el dólar ante la falta de auxilio financiero de Trump.
El gobernador Osvaldo Jaldo suspendió la reforma electoral en Tucumán hasta 2026, alegando falta de consenso. La iniciativa, que buscaba limitar acoples e implementar Ficha Limpia, fue duramente criticada por la oposición, que acusa al oficialismo de perpetuar un sistema arcaico.
La Justicia federal investiga a Paola Barritta (ATEPSA) y a la ex funcionaria Gabriela Logatto por presunto fraude contra EANA. Se les acusa de utilizar un acta paritaria inexistente para reclamar judicialmente aumentos millonarios. El expediente analiza si el documento fue fabricado como herramienta de presión política.
La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación.
